lunes, 23 de octubre de 2017

El requerimiento previo del artículo 155 CE

El propio acuerdo del Consejo de Ministros del pasado sábado afirma que “el artículo 155 se integra dentro de los mecanismos constitucionales que tienen por objeto garantizar el orden constitucional en el caso de incumplimiento de las obligaciones constitucionales por una Comunidad Autónoma o que atente gravemente contra el interés general”. Como ha afirmado el Tribunal Constitucional en su sentencia 215/2014, es una “medida de último recurso del Estado ante un incumplimiento, manifiesto y contumaz, deliberado o negligente, de una Comunidad Autónoma, que no ha adoptado, primero, por propia iniciativa, y luego, a instancia del Estado, las medidas oportunas para corregir la desviación en la que ha incurrido”. Por ello, para poder aplicarlo, previamente el Gobierno de España debe identificar las obligaciones o leyes que la Comunidad Autónoma está incumpliendo o la actuación de la misma que atenta gravemente el interés general de España, y requerir al Presidente de la Comunidad Autónoma que rectifique su comportamiento. Sólo en caso de que este requerimiento no sea atendido, el Gobierno central, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Por Acuerdo del Consejo de Ministros del 11 de octubre se procedió a cumplir con la exigencia constitucional del requerimiento previo, pero este requerimiento resultó, a mi modo de ver, un tanto estrambótico. En la parte B del Acuerdo se requiere al Gobierno de la Generalitat que revoque la declaración de independencia y que cese las actuaciones del proces. Es decir, pareciera que el hecho clave de la quiebra del orden constitucional por la Generalitat, el incumplimiento positivo del ordenamiento jurídico en Cataluña y que, además, atenta gravemente contra el interés general, es la declaración de independencia. Si las instituciones catalanas no hubieran declarado la independencia, el Gobierno no habría puesto en marcha la aplicación del artículo 155. Así resulta del propio texto del Acuerdo, ya que el requerimiento contenido en la parte B sólo es procedente si el Presidente de la Generalitat comunica al Gobierno de España que, efectivamente, ha sido declarada la independencia en Cataluña.

Y aquí viene lo que me hace calificar de estrambótico el Acuerdo: que el Gobierno de España, habiendo decidido que la declaración de independencia de Cataluña exige la aplicación del artículo 155 (cuestión que, a su vez, es discutible), no puede asegurar a ciencia cierta que se haya producido dicha declaración y, por eso, en la parte A del texto le pregunta al President si así ha sido. Lo cierto es que en su discurso del 10 de octubre en el Parlament, Puigdemont no declaró la independencia de Cataluña, sino que simplemente presentó los (supuestos) resultados del “referéndum” y ‘asumió’ el (supuesto) mandato del pueblo para que Cataluña se convierta es un Estado independiente; pero no ejecutó ese (supuesto) mandato (entre otros motivos, porque no podía hacerlo). Por si alguien tiene dudas transcribo a continuación el párrafo más relevante a estos efectos: “Llegados a este momento histórico, y como presidente de la Generalitat, asumo, al presentar los resultados del referéndum ante el Parlamento y nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república”. A continuación, Puigdemont suspendería su no-declaración de independencia, en una nueva pirueta de su malabarista ejercicio de ambigüedad dialéctica calculada.

Lo cierto es que fue obvio para casi todos, empezando por los nacionalistas, que no se había producido la declaración de independencia. Así lo reconocieron varios de los miembros del Gobierno de España, aunque a alguno –Rafael Catalá– le parecía también inadmisible la “no-declaración”. A pesar de eso, debido a la “actuación premeditadamente confusa” de las autoridades catalanas, el Consejo de Ministros del 11 de Octubre acuerda requerir al President que confirme se ha declarado o no la Independencia de Cataluña y, además, le advierte que cualquier respuesta distinta de un rotundo sí o no será considerada afirmativa. Como era previsible, en su primera carta de 16 de octubre, Puigdemont no contesta a lo que se le pregunta y, en cambio, traslada dos peticiones a Rajoy: que se revierta la represión contra el pueblo y el gobierno de Cataluña y que se concrete lo antes posible una reunión entre ambos ya que “con buena voluntad, reconociendo el problema y mirándolo de cara, estoy seguro que podemos encontrar el camino de la solución”. Ese mismo día, Rajoy le responde “lamentando profundamente” que el President no haya aclarado si ha declarado la independencia de Cataluña y le da un nuevo plazo para contestar la pregunta. El 19 de octubre, Puigdemont envía una segunda carta en la cual, sin responder concisamente con un sí o un no, deja claro, a mi modo de ver, que, aunque “el pueblo de Cataluña, el día 1 de octubre, decidió la independencia en un referéndum”, ésta no había sido declarada (el 10 de octubre propuso dejar en suspenso “los efectos de aquel mandato popular”, no la declaración de independencia que no llegó a adoptarse). Sin embargo, en la justificación del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 20 de octubre, el Gobierno de España se empeña en entender que se ha declarado la independencia basándose en (1) la no negación explícita por parte de Puigdemont, (2) que éste afirme que con el referéndum el pueblo catalán decidió la independencia y (3) que los parlamentarios independentistas suscribieran un escrito extraparlamentario en el cual “constituían” la República catalana.

No me atrevería a decir que se incumple la condición del requerimiento previo para aplicar el artículo 155, pero sí tengo la sensación de que el Gobierno de España lo ha convertido en un mero trámite, una excusa chapucera para justificar la adopción de unas medidas al margen de lo que haya hecho o hiciera la Generalitat. Estoy convencido, desde luego, de que la Generalitat está en franca rebeldía y quebrando el orden constitucional, pero no tengo nada claro que, salvo en el plano de la retórica (que no es poco relevante), haya cometido actos positivos que justifiquen fuera de toda duda la procedencia de este procedimiento constitucional de excepción. Además, al margen de la –a mi juicio– debilidad del requisito y motivación, hay quienes con argumentos que me parecen razonables, sostienen que las medidas concretas acordadas por el Gobierno exceden de los límites que la Constitución atribuye a este artículo 155. Pero esa discusión, en todo caso, se abordará inmediatamente porque imagino que lo primero que hará el Govern será presentar un recurso de inconstitucionalidad (que ellos se salten la Constitución no implica que no reclamen que los actos de sus oponentes hayan de ajustarse a la misma). Ahora bien, el simple hecho de que la constitucionalidad del Acuerdo sea cuestionable (y creo que lo es) me parece muy mala cosa, porque es dar más argumentos a la estrategia de los independentistas.


Y es que, al final, como ya he dicho en otros posts, la clave, para mí, está no tanto en la “restauración de la legalidad” cuanto en la batalla de la opinión pública. Porque estoy convencido de que el objetivo de los independentistas no es, de momento, la independencia, ya que saben que ésta es imposible salvo que sea acordada con el Estado. Lo que pretenden es que el apoyo a la misma crezca significativamente en Cataluña, en el resto de España y en Europa. Una estrategia a medio plazo que pasa por romper los puentes y consolidar la desafección entre los catalanes y el resto de españoles. Si en unos años el porcentaje de independentistas en Cataluña es, por ejemplo, de dos tercios de la población, y también en España hay un porcentaje significativo que admite que se les deje decidir (por convencimiento o por hartazgo), me temo que de nada valdrán medidas coercitivas por muy legales que sean y se abrirá un proceso de reforma constitucional en ese sentido. Por tanto, si lo que se quiere es que las opiniones públicas no evolucionen en tal dirección, hay que adoptar medidas que propicien la recuperación de los lazos entre ambas partes. Parece, no obstante, que no lo entiende así el Gobierno de España. Habría que preguntarse si, en el momento actual, la aplicación del artículo 155 es estrictamente necesaria (yo creo que no) y, sobre todo, si es conveniente para reconducir los ánimos. A este último respecto me temo que tampoco, que se está haciendo el juego a la estrategia del independentismo.

domingo, 22 de octubre de 2017

Escala en Barbados

La semana pasada un acontecimiento inesperado me obligó a viajar al Perú. El miércoles 11 a media tarde volé a Madrid y allí embarqué en el vuelo UX-75 de Air Europa que despegaba a medianoche (lo hizo con algún retraso). Llevábamos casi tres horas de vuelo (ya nos habían servido y recogido la primera comida y la gran mayoría de los pasajeros dormía o lo intentaba) cuando de pronto se encendieron las luces. En mi pasillo, a unos pocos asientos delante del mío, se agrupaban cuatro o cinco miembros de la tripulación mientras los pasajeros vecinos, alzados, miraban hacia el suelo. Curioso, me levanté y, antes de que una azafata me pidiera que volviera a sentarme, pude ver que un pasajero yacía boca arriba en el pasillo, con los ojos cerrados y el rostro muy lívido. Al cabo de un rato, por megafonía, preguntaron si alguno de los pasajeros hablaba italiano y yo alcé la mano (mi italiano está bastante anquilosado, pero nadie más se ofrecía). Así que me pidieron que me acercara y tradujera los intermitentes balbuceos del enfermo que, a primera vista, se me antojó casi agonizante. Tendría unos setenta y muchos años, si no ya los ochenta, una barba recortada blanca, como blanco era el pelo que le crecía tras la calva frontal, los ojos, grises, estaban muy enrojecidos y el rostro apergaminado, de un tono a medias entre blancuzco y amarillento. Me dijeron su nombre –Ugo Giannini– y le dirigí algunas palabras en italiano. La sobrecargo me insistía en que le preguntara si sufría alguna dolencia, si tomaba alguna medicación. Pero Giannini callaba, mantenía un silencio angustioso, roto solo por los débiles silbidos de su respiración. Al cabo de un rato, con manifiestas dificultades, trató de cogerme la mano y balbuceó varias veces un nombre que, al final, logré entender con seguridad: Giacomo Martelli. Con doloroso esfuerzo, logró completar una frase, dijo que el tal Martelli vivía en Barranco (justamente el distrito limeño en el que iba yo a alojarme esos días) y que debía regresar (deve tornare), pero sin decir a dónde (a Italia, había que suponer). No añadió nada más, volvió al silencio y, al cabo de unos momentos, cesaron incluso sus entrecortadas respiraciones; se desmayó. Entonces me pidieron que regresara a mi asiento y dos miembros de la tripulación se agacharon sobre el hombre.

Pasado un rato, el comandante nos anunció que, como muchos nos habíamos dado cuenta, había una persona enferma a bordo y que por tanto íbamos a aterrizar en Bridgetown, para que recibiera atención médica. Pensé para mí que no era Barbados el mejor lugar para dejar al pobre Giannini, considerando que la isla había sido arrasada por el huracán Irma hacía apenas un mes, pero obviamente se trataba del aeropuerto más cercano y el estado del italiano debía ser lo suficientemente preocupante para sacarlo del avión lo antes posible. En la media hora escasa que tardamos en aterrizar, pude hablar con la sobrecargo y transmitirle lo que me había dicho Giannini para que informaran a las autoridades; ella me confirmó que apenas sabían nada del enfermo, salvo que procedía de Turín y que tenía un billete de vuelta con Air Europa para un mes después; tenía pues prevista una estancia larga, quizá alojándose en la casa de ese Giacomo Martelli cuyo nombre había repetido con esforzada insistencia. En todo caso, la mujer me dijo que me despreocupase, que había un protocolo para este tipo de incidentes y que todo seguiría su curso. Una vez en tierra, entraron en la aeronave dos sanitarios que pusieron al enfermo en una camilla y se lo llevaron. Todavía seguimos detenidos un rato más –se aprovechó para cargar combustible– y finalmente despegamos. El incidente supuso una demora total de hora y media, de modo que llegamos a Lima a las 6 de la mañana en vez de a las 4:30 previstas. Pero, esta vez, el retraso no me molestó porque me permitió presentarme en casa de los amigos que me alojaban a una hora decente.

Al día siguiente, el viernes 13 de octubre, almorcé en casa de Francesca, nieta de italianos. Como es natural, le conté el incidente aéreo y no me sorprendió que conociera a la familia Martelli, cuya vivienda quedaba a unas pocas cuadras de la suya. De hecho, Fran era muy amiga de Laura, la hija mayor del viejo Martelli, quien, efectivamente, había llegado al Perú desde Lombardía hacía más de medio siglo. Así que la llamó por teléfono y ella, intrigada, nos invitó a que nos acercásemos a su casa. Una vez allí, nos presentó a su padre, un hombre robusto que se veía en excelente forma a pesar de sus más de ochenta años. Le conté lo que había ocurrido en el avión y él me escuchó en silencio y en silencio siguió durante un rato cuando terminé. Finalmente habló, despacio, como si escogiera meditadamente cada palabra. Sí, Ugo Giannini había sido un amigo de infancia y primera juventud, vecino de su mismo pueblo, a poca distancia de Turín. A mediados de los años cincuenta, ambos se metieron en graves problemas, se ganaron el odio de personajes muy peligrosos (no quiso detallar, pero inevitablemente pensé en la Mafia). El caso es que Martelli tuvo que escapar de Italia; el plan era de ambos, huir juntos, pero Giannini murió antes de lograrlo (¿lo mataron?). Así que –concluyó– el hombre del avión no podía ser su viejo amigo. Pero, entonces (y la pregunta nos la hicimos todos), ¿quién era y por qué se hizo pasar por él? Laura Martelli me aseguró que intentaría averiguar la respuesta, que indagaría en la compañía aérea, que incluso se pondría en contacto con Barbados, y que en cuanto supiera algo me lo diría. Pero el pasado miércoles volé de regreso sin ninguna noticia.

domingo, 8 de octubre de 2017

Autodeterminación de los pueblos (2)

Según el DRAE, autodeterminación es la capacidad de un sujeto para decidir algo por sí mismo. Determinar, en la acepción que viene a cuento, significa decidir, y auto es el prefijo griego que dirige la acción verbal al propio sujeto. Así que, en mi opinión, sería más correcto definir autodeterminación como la capacidad de un sujeto de decidir sobre sí mismo; o sea, no cualquier cosa, sino aquéllas que atañen a su propio ser. Corregido así, cuesta poco admitir que todas las personas deberíamos tener derecho a la autodeterminación, derecho a decidir sobre lo que nos atañe directamente. La más evidente negación de este derecho es la esclavitud, pero sin llegar a este extremo, con distintos y variados argumentos, es una evidencia que muy pocos tienen la capacidad plena de decidir, por más que se nos reconozca el derecho teórico. Sin necesidad de que haya coerciones formales en nuestro entorno social (como, por ejemplo, la institución del matrimonio concertado), lo cierto es que, si somos honestos con nosotros mismos, verificaremos que el devenir de nuestra vida en muy escasa proporción ha sido resultado del ejercicio de nuestra autodeterminación, de nuestras decisiones libres y conscientes. De todos modos, bueno es que, aunque no lo ejerzamos plenamente, en nuestros tiempos y en nuestras sociedades se nos reconozca ese derecho a decidir por nosotros mismos nuestro futuro, siempre, claro está, que tales autodecisiones no dañen o menoscaben los derechos de los otros. Pero estamos hablando de individuos, desde luego; si hablamos de derechos de los pueblos la cosa se complica.

A mi modo de ver, cualquier derecho cuyo sujeto sea un colectivo sólo se puede justificar como extensión necesaria del derecho que radica en los individuos que forman dicho colectivo. Así, el derecho de autodeterminación de un pueblo derivaría del derecho individual a decidir la organización de la convivencia, a insertarse y participar en un grupo social. Como este derecho exige necesariamente un ente colectivo (llamémosle pueblo), se pasa a considerar, con no demasiado rigor, que ese colectivo es el sujeto titular del derecho. Como es sobradamente sabido, la eclosión jurídica de los derechos de autodeterminación de los pueblos surge en el marco de los movimientos descolonizadores en los sesenta. A estas alturas supongo que es bastante fácil aceptar que los habitantes autóctonos de una colonia, separada territorialmente de la metrópoli y que no gozaba de los mismos derechos políticos que los de aquélla, podían considerarse, colectivamente, sujeto del derecho de autodeterminación; es decir, se les reconocía el derecho a decidir cómo organizarse políticamente (si querían constituirse en estado soberano). A este respecto, conviene hacer notar que, nada más proclamarse el derecho como tal (resolución 1514 de Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1960), la Asamblea General se creyó en la obligación de aclarar cómo se discernía si un “territorio” estaba en situación colonial y, por lo tanto, sus habitantes tenían la consideración de pueblo, sujeto del derecho a la autodeterminación (resolución 1541 de 15 de diciembre de 1960). Así, establecieron tres condiciones: que el territorio estuviera separado geográficamente del país que lo administra, que es distinto de éste en sus aspectos étnicos y culturales y, por último (last but not least), que las relaciones entre la metrópoli y el territorio son tales que hacen que los habitantes de éste se encuentren colocados en situación de subordinación respecto del Estado.


Es manifiesto que Cataluña no cumple las tres condiciones anteriores y, por tanto, no debe entenderse como pueblo en la acepción de las dos resoluciones citadas de Naciones Unidas (y, posteriormente, en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Justamente para evitar interpretaciones extensivas del derecho de autodeterminación de los pueblos, en su Resolución 2625 de 24 de octubre de 1970, Naciones Unidas aclara que ninguna de las disposiciones relativas a la autodeterminación de los pueblos ha de entenderse “en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descritos y estén, por tanto dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color”. Se trataba de evitar que cualquier región histórica de un Estado constituido y democrático reclamara el derecho a la autodeterminación. Piénsese que, en el sentido amplio de pueblo, hay multitud de grupos con suficiente individualización colectiva (histórica, étnica, cultural) dentro de los Estados constituidos. Unos cuantos –no todos, tampoco Cataluña– se agrupan en la UNPO (Unrepresented Nations & Peoples Organization). En Europa, por ejemplo, están Bretaña, Savoya, Trieste, Kosovo y Cameria (de este territorio nunca había oído hablar), pero es obvio que faltan muchas otras regiones que mantienen desde hace mucho reivindicaciones soberanistas (además de las españolas, Escocia, Córcega, Baviera, etc). Obviamente, si se admitiera el derecho a la autodeterminación a estos pueblos, se generaría una fragmentación exagerada del actual sistema político, sin que se pueda asegurar que dicho proceso contribuyera a aumentar los derechos políticos y civiles de las personas.

No debe olvidarse que la clave del asunto está precisamente ahí. Si un pueblo tiene derecho a la autodeterminación es porque en las condiciones actuales sus habitantes no pueden ejercer sus derechos civiles, como era el caso de las colonias africanas y asiáticas de los países europeos. Los independentistas catalanes insisten en la cantinela propagandística de que los ciudadanos de una Cataluña independiente gozarán de mayores y mejores derechos que en la España actual, aunque no dan ningún argumento para convencernos de ellos. En realidad, la división del mundo en entidades políticas soberanas de la dimensión de Cataluña nos remite a la Edad Media (y más a la Alta que a la Baja) y no parece que, por mucha literatura nostálgica que se le eche, aquella fragmentación contribuyera en nada a mejorar la situación civil de las personas. Más bien yo tiendo a pensar lo contrario, y como prueba histórica recordemos que durante el siglo XIX los movimientos secesionistas en Europa venían alentados desde las posiciones más retrógradas (por ejemplo, el carlismo en España, que tanto apoyo concitó –“casualmente”– en Cataluña y el País Vasco. La Historia parece enseñar que en la mayoría de los casos los movimientos nacionalistas (secesionistas o no) suelen obedecer a intereses de los poderosos, de las élites dominantes o, dicho de forma muy simplificada, son de derechas (he de dedicar una entrada al tratamiento de los pueblos y naciones desde la izquierda). Esta intuición mía ya ha sido ratificada por organismos internacionales; por ejemplo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en su Recomendación general nº 21 (1996), sostiene que “toda fragmentación de los Estados iría en detrimento de la protección de los derechos humanos y del mantenimiento de la paz y la seguridad”.

En fin, que creo que es bastante evidente que, en contra de lo que a cada rato aseguran los independentistas catalanes, el Derecho Internacional no reconoce el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos, sino sólo de aquéllos “pueblos” que cumplen ciertas condiciones para ser considerados “pueblos” en la acepción restrictiva de titulares de ese derecho. Estamos ante un problema de ambigüedad semántica (interesada, como casi todas las ambigüedades). Cuando Puigdemont y sus muchachos dicen que Cataluña es un pueblo usan el término con un significado que no es el mismo que el del artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los pueblos que tienen derecho a la autodeterminación son aquéllos que están separados territorialmente del Estado al que pertenecen, caracterizados por ser cultural y/o étnicamente distintos de aquél, y cuyos habitantes se encuentran subordinados al Estado. Concedamos que Cataluña es un pueblo, pero en sentido amplio, no en el restringido de las normas internacionales; por tanto, Cataluña no es sujeto del derecho a la autodeterminación (como no lo son Bretaña, Córcega, Baviera, etc). Ahora bien, una cosa es que jurídicamente me quede bastante claro que no existe tal derecho, y otra que de ello concluya que los catalanes no puedan ejercer el derecho a la autodeterminación. Al fin y al cabo, el derecho, en el fondo, no vale más que como excusa justificativa (tanto para hacer algo como para impedirlo) que rara vez en la Historia ha impedido que ocurran las cosas. Sigo pensando que si los estrategas del procés consiguen que un porcentaje muy significativo (bastante mayor del actual) de la población catalana esté convencida de que Cataluña es un pueblo que tiene derecho a constituirse en un Estado independiente y quieran que eso suceda, será muy difícil, casi imposible, que se mantenga la indisoluble unidad de España. Y, por las buenas o por las malas, se cambiará el marco jurídico para recoger la nueva realidad.

jueves, 5 de octubre de 2017

Autodeterminación de los pueblos (1)

En julio de 1776 los representantes de las trece colonias británicas en Norteamérica aprobaron su declaración “unilateral” de independencia. La Declaración empieza con la siguiente frase: “Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación”. Resalto en negrita la palabra “pueblo” para hacer notar cómo Adams, Jefferson, Franklin y demás colegas necesitaron dar por sentado que ellos, los que iban a ser los Estados Unidos, eran un pueblo distinto del inglés. El pueblo norteamericano ya existía como tal en la retórica de aquellos independentistas, y por varios motivos decidía separarse de otro pueblo al que hasta entonces había estado unido. La independencia no creaba un nuevo pueblo (no dividía un único pueblo previo en dos) sino que el pueblo que ya existía se emancipaba.

En inglés pueblo se dice people que significa tanto pueblo en el sentido abstracto y cuasi-místico con que se usa en el lenguaje grandilocunte del derecho político (“el pueblo español”, “el pueblo catalán”, etc) como gente o incluso personas individuales. Por tanto, si no atendiéramos al contexto y a la intencionalidad, podríamos traducir lo que dijeron los padres de los USA por algo como “… se hace necesario para unas personas (las de las colonias) romper los lazos que las ligan a otras personas (las de Inglaterra)”. Aún a sabiendas de que no es así, he de reconocer que esa errónea traducción me atrae más porque no necesita recurrir a una entelequia tremendamente complicada de concebir y justificar. Es decir, puedo entender sin problemas que un grupo de personas decida colectivamente cualquier cosa: formar una asociación de montañeros, un partido político o un Estado independiente. Tampoco me supone esfuerzo mental aceptar que, para identificarse se llamen pueblo, sobre todo si ese grupo se caracteriza por ser los residentes en un determinado ámbito geográfico y, de tal modo, pasan a adjetivarse con el topónimo correspondiente.

De hecho, algo así es lo que he escuchado a los independentistas progres catalanes, para quienes el pueblo catalán es el conjunto de todos los que residen en Cataluña. Fácil, ¿verdad? Del mismo modo, el pueblo español son todos los que viven en España, con lo cual, hoy por hoy, el pueblo catalán es un subconjunto del pueblo español y éste del pueblo europeo y éste del pueblo mundial. Pero no se dice pueblo europeo, y menos pueblo del mundo. En el Mundo –y en Europa– hay muchos pueblos. De hecho, así lo deja claro el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, cuando en su primer artículo proclama que “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”. Es decir, hay muchos pueblos y todos tienen derecho a la autodeterminación.

Autodeterminación viene a ser decidir por sí mismo el modo de organizarse colectivamente y, específicamente, las formas propias de gobierno (por ejemplo, constituirse en una república independiente). Algo que siempre me ha chirriado de este artículo es que, de todos los derechos que aparecen en esa Resolución 2200A, este primero es el único cuyo sujeto no es el individuo sino un ente colectivo: el pueblo. Una interpretación que a mí me resultaría más grata sería entender que el derecho a la autodeterminación es de todos los individuos pero para ejercerlo han de agruparse formando “pueblos”. Digamos que yo lo habría escrito más o menos así: “Todos los individuos tienen el derecho de agruparse libremente y, colectivamente, decidir su condición política y proveer a su desarrollo económico, social y cultural”. Me habría gustado más, desde luego, pero claramente no es como está escrito. Además, de haberlo estado habría equivalido a declarar una utopía irrealizable por radicalmente anarquista.

No, no seamos ingenuos. No se le reconoce a cualquier individuo el derecho agruparse libremente para formar pueblos, ni siquiera el derecho de elegir un pueblo preexistente cuya organización política le parezca la más idónea para buscar su felicidad (el derecho a la búsqueda de la felicidad, que declararon los norteamericanos del XVIII). Para el Derecho internacional (y nacional), los pueblos existen antes que los individuos. De hecho, las personas ya al nacer pasamos a “pertenecer” a un pueblo. Si ese pueblo coincide con un Estado no hay demasiados problemas identificativos. Ahora, parece que hay pueblos que no coinciden con un Estado, que están dentro de un Estado (o de varios) que los engloba. Entonces, ya es más difícil identificar al pueblo. Por ejemplo, ¿cómo se identifican los miembros del pueblo kurdo, saharaui, judío (no residentes en Israel), etc? Al final, lo más práctico es el recurso a la geografía –entre otras razones porque las notas biológicas tienen muy mala prensa, aunque yo no estoy tan seguro de que hayan sido desterradas plenamente de la mentalidad colectiva: ¿es igual de catalán un Rufián que un Rovira?– Así, si en el seno de un Estado hay una división del territorio en entidades político-administrativas sobre las que se puede predicar una suficiente continuidad histórica, pues ya tenemos el ámbito espacial del Pueblo: éste lo forman todos los que allí viven.


Pero cuidado. El pueblo no es por las personas que lo forman; los catalanes (personas individuales que residen en Cataluña) no constituyen Cataluña. Cataluña existe antes que ellos y es ella las que hace catalanes a los individuos. Es un fenómeno de naturaleza mística, algo así como la teoría religiosa del alma insuflándose en el feto y haciéndole persona. Ese alma catalana (o española o vasca o la que ustedes quieran) no sé muy bien de qué está hecha y sospecho que tampoco lo saben muy bien los propios catalanes (o españoles o vascos o …) por más que los gobiernos autónomos se esfuercen en financiar “señas de identidad”. Pero de lo que no cabe duda es de que tiene fuerza porque es capaz de catalanizar en poco tiempo a un emigrante por muy charnego que sea. Aunque reconozco que me cuesta mucho entenderlo (es que en lo que a nacionalismo se refiere estoy bastante “desalmado”), esa potencia del “alma popular” es fundamental para la pervivencia del Pueblo. Por ello me atrevería a decir que, en última instancia, un colectivo de personas que reside en un territorio con entidad propia y continuidad histórica pasa a ser pueblo por el simple hecho de que una parte significativa del mismo se considera como tal. Dicho de otra forma, el Pueblo, esa entelequia, existe porque las personas deciden que existe. Más o menos, como Dios: es un acto de fe.

miércoles, 4 de octubre de 2017

Cómo desmontar un régimen

La desobediencia civil tiene a estas alturas una larga trayectoria y suele ser vista con simpatía, en gran medida porque la han predicado y practicado ilustres personajes históricos. Henry David Thoreau es probablemente el primero que teorizó al respecto en su obra llamada justamente así (“Desobediencia Civil”, 1849). Pero también Mahatma Gandhi, Martin Luther King o Desmond Tutu son nombres importantes. En el marco del conflicto catalán en el que estamos inmersos un independentista pintaba con spray en un muro una conocida frase de Gandhi: “Cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecerla”. Pues bien, si ponemos en práctica esta premisa –que casi todos compartimos– estaríamos ejerciendo la desobediencia activa. Se trata (me remito a la wiki) de una forma de disidencia política consistente “en una quiebra consciente de la legalidad vigente con la finalidad, no tanto de buscar una dispensa personal a un deber general de todos los ciudadanos, sino de suplantar la norma transgredida por otra que es postulada como más acorde con los intereses generales”. Como la legalidad española es injusta, dicen muchos independentistas, no sólo es legítimo sino casi una obligación ética, transgredirla.

En buena lógica, lo primero y fundamental a tener claro es que la norma a transgredir ha de ser injusta y, por tanto, esa cuestión debería estar lo suficientemente argumentada sin dejar lugar a dudas. Cuando, por el contrario, se da por hecha tal injusticia de la norma, queda claramente manifiesto que la intencionalidad de los desobedientes es cambiar la norma que no les gusta, al margen de que sea o no justa. Quienes han reflexionado y teorizado sobre la desobediencia civil aportan varios criterios y condiciones que han de observarse en su ejercicio para que sea legítima. Basta simplemente chequear el artículo de la wiki para comprobar que la desobediencia que viene desarrollando de forma contumaz y planificada la Generalitat de Cataluña no encaja en absoluto, no puede calificarse con un mínimo rigor como desobediencia civil.

Traigo a colación esto de la desobediencia civil a propósito, claro está, del conflicto catalán, pero más específicamente a que ayer me señalaron un tipo del que no había oído hablar y que en los cincuenta, reaccionando contra la Guerra de Corea, empezó a estudiar la teoría y práctica de la desobediencia civil y de la resistencia no violenta en Gandhi (y otros más) como instrumentos de ejercer el poder (y derrotar a otros poderes establecidos). Hablo de Gene Sharp, nacido en 1928 en North Baltimore, y fundador en 1983 de la Albert Einstein Institution, una organización sin ánimo de lucro dedicada al estudio de la acción no violenta. Según su propia web la institución se compromete defender las libertades e instituciones democráticas, a oponerse a la opresión, la dictadura y el genocidio, y a reducir la dependencia de la violencia como instrumento de política. Para contribuir a estos fines fomenta la investigación y los estudios de políticas sobre los métodos de acción no violenta y su uso pasado en conflictos diversos, comparte los resultados de esta investigación a través de publicaciones, conferencias y medios de comunicación y asesora a grupos en conflicto sobre el potencial estratégico de la acción no violenta.

Por lo visto, la obra de Sharp ha tenido una considerable influencia en diversos movimientos sociales activistas, sobre todo en situaciones de tránsito desde dictaduras a regímenes democráticos (por ejemplo, las de los países bálticos exrepúblicas soviéticas). En 1993 publicó un manual titulado “De la Dictadura a la Democracia”, que diez años después se tradujo al castellano (es de dominio público y puede descargarse aquí). En sus primeras páginas Sharp nos dice que ha estudiado muchas dictaduras y ha llegado a la conclusión de que se podían destruir sin provocar una carnicería masiva; que ha pensado minuciosamente sobre los métodos más efectivos para desintegrarlas con éxito y con el menor coste. Y el resultado es este libro que, según varios testimonios, ha sido un manual utilísimo para lograr recuperar las libertades de forma no violenta en sociedades opresivas.

No he hecho más que empezar a leer el libro, así que aún no puedo emitir ninguna valoración. Pero si he dirigido mi atención hacia el mismo ha sido a causa de un artículo de El Confidencial en el que se sostiene (con referencias concretas a lo que viene ocurriendo desde ya hace bastantes meses) que la CUP y el Gobierno catalán han montado su estrategia hacia la independencia siguiendo el manual de Sharp, lo que se revela con la disciplinada desobediencia sistematica y continuada de la legalidad del Estado para deslegitimar su poder y, a la postre, suprimirlo. La tesis tiene su lógica (desde luego, yo estoy convencido de que la actuación del independentismo está muy bien planificada, a diferencia de la actuación del gobierno español, siempre reactiva y con frecuencia contraproducente). Si fuera verdad quedaría demostrado que los mismos métodos, técnicas y recursos que valen para destruir una dictadura valen también para destruir un régimen que es democrático (o tanto como cualquier otro). Lo cual, por otro lado, no es nada sorprendente; es más, probablemente esos métodos contra el poder serán más eficaces contra un régimen democrático que contra otro dictatorial.

martes, 3 de octubre de 2017

Hacia Albujarrota (2)

Conviene aclarar que los movimientos del Rey, por mucho que estuviera en campaña militar, implicaban el traslado de la llamada cámara regia, cuya máxima autoridad era el camarero mayor, responsable del control de los aposentos del monarca y de todo lo que en ellos había: vestiduras, lecho, arcas, joyas, armas, telas y escrituras, además del dinero que de allí entraba y salía. Para hacernos una idea, diré que, por la fechas que nos ocupan, para cargar con los ajuares reales eran necesarias unas ocho acémilas, a paso lento por los caminos castellanos. Pero al frente de la Casa Real estaba el mayordomo mayor (que en ese tiempo era Don Pedro González de Mendoza, a quien volveremos en plena batalla de Albujarrota y a quien relacionaremos cuando toque con nuestro Rubin de Bracamonte). La mayordomía conllevaba lugarteniente y oficiales menores, toda una especie de ministerio de presidencia en términos actuales. En fin, no es cuestión ahora de enrollarse con este asunto, pero sí me ha parecido pertinente resaltar que, aparte del ejército, los desplazamientos del Rey suponían que con él se moviera un enorme número de personas que aseguraban su vida doméstica. Francisco de Paula Cañas Gálvez, de la Universidad Complutense, dedica un interesante artículo al tema y, en un apéndice, relaciona los cargos y personas que compusieron la Casa Real de Juan I. Me pongo a contar los que había en 1385 y a relacionar los oficios: mayordomo mayor, mayordomo, despensero mayor, despensero, despensero de los caballeros del rey y del infante, caballerizo, acemilero mayor, acemileros (3), servidor de la cuadra, copero mayor, veedor de la casa del rey, camarero mayor, camarero, camarero mayor de la cámara de los paños del infante, camarero mayor de la cámara de la jineta del infante, reposteros mayores (2), oficial de la escudilla del infante, trinchante del infante, aposentador mayor, aposentador, doncel, físico, partera, juglares (3), ministriles (3), ministril de arpa, ministril de cuerda, músico, trompeta, alfayate, pellejero, bordador, orfebre, barrendera, frutero, monteros mayores (2), sellero, criados (2), capellán mayor, capellanes (2), confesores (2), confesor mayor, criado del confesor, predicador, limosnero, canciller mayor, cancilleres (2), canciller del sello de la poridad, consejeros (6), contador mayor, justicia mayor, secretarios (2), escribanos (20), notarios (7), oídores de la Audiencia Real (10), tesorero, alcalde, otros oficiales de la Cancillería y de la Audiencia (10), adelantado mayor de Castilla, adelantado mayor de la frontera, alférez mayor, otros alféreces (3), almirante mayor de la mar, armero, ballestero mayor, ballesteros (10), caudillo mayor de los escuderos del Rey, Condestable, cómitres reales (2), escudero, guardas (3), mariscales del rey (3), porteros de la Casa del Rey (2) … Esta relación a vuela pluma, a la que hay que sumar otras personas de las que no se sabe con seguridad el oficio, da un total aproximado de 150 personas que formaban el círculo “íntimo” de Juan I. Todos ellos se aposentarían –digo yo– en este castillo de Ciudad Rodrigo, hoy convertido en Parador Nacional; estaría de bote en bote.

En su cuartel general Juan I comenzó a hacer sus preparativos. Tenía tiempo pues había de esperar refuerzos: de un lado los que le había de mandar el rey francés (entre los que se supone que vino nuestro Bracamonte) y, de otro, una flota de cinco galeras aragonesas que le había prometido Pedro IV (Pere el Cerimoniós, para los catalanes, que no quiero sumar agravios). Parte de las tropas castellanas fueron concentradas en Badajoz, con la intención de hostigar al condestable de Joao I, Nuno Alvares Pereira que, después de su campaña victoriosa en el Norte había regresado al Alentejo. Pereira, quien por entonces solo tenía veinticinco años, ya había demostrado que era un excelente militar; supongo que los castellanos pretenderían mantenerlo entretenido al Sur del Tajo impidiéndole que participara en las batallas decisivas que se preveían en territorios bastante más septentrionales (si eso pretendían no lo consiguieron, pues Pereira fue el héroe principal de Albujarrota). Mientras esperaban, uno de los más ilustres miembros de la Casa del Rey, el primero de sus Consejeros, instó al monarca a enviar una pequeña expedición tierra adentro portuguesa. Me refiero a Pedro Tenorio, entonces nada menos que Arzobispo de Toledo y uno de los hombres clave en la política castellana durante los reinados de los dos primeros Trastámaras y la regencia del tercero (otro de esos personajes cuya biografía es interesantísima). Las tropas constaban de unas 300 lanzas y eran mandadas por tres capitanes. Desde Almeida se llegaron a Pinhel y lo saquearon; luego siguieron el curso del alto Mondego sin oposición hasta desviarse hacia Viseu, que saquearon obteniendo importante botín. Cansados y demasiado lejos de Ciudad Rodrigo (a unos 150 km) decidieron dar por acabadas las correrías; como a medio camino del regreso, el 29 de mayo, a la altura del pueblo de Trancoso les saliño al encuentro un ejército portugués mandado por Joao Fernandes Pacheco. La batalla supuso una aplastante derrota de los castellanos, a modo de prólogo de Albujarrota.

Buscando narraciones sobre Albujarrota, me topo con una monografía publicada en 1872 por C. Ximénez de Sandoval (parece que su plan era relatar las mayores derrotas de los ejércitos españoles). En esta obra se asegura que las noticias de la derrota de Trancoso le llegaron a Juan I estando en Elvas, antes incluso de Madrigal. O sea, que aún no se había asentado en Ciudad Rodrigo, adonde habría llegado en el mes de junio. Pero, en cualquier caso, tampoco nos importan demasiado las precisiones de fecha, bastándonos constatar que el rey pasó al menos un mes largo en Ciudad Rodrigo, acumulando tropas, entre las que destacarían las famosas 800 lanzas que en varias fuentes se asegura que enviaron los duques regentes de Francia (era aún la minoría de Carlos VI). No esperó en cambio a recibir refuerzos que le había prometido Carlos II de Navarra (el Malo), ni tampoco a que se reuniera con él el otro Joao, el hijo de Pedro I e Inés de Castro (se pensó en llevarlo para reforzar la legitimidad castellana al trono portugués). Hay pues que pensar que consideraría que ya había reunido suficientes fuerzas y, de otro lado, que estaría impaciente por entrar en campaña. Y ello a pesar de que andaba con muy mala salud, tanta que hubo de ser llevado todo el tiempo en litera e incluso a las pocas jornadas hizo testamento. No se sabe con certeza la dimensión del ejército castellano, salvo la apreciación vaga de que era “muy grande y numeroso”. Revisando diversas fuentes, la cantidad de personas oscila entre 20.000 y 45.000 hombres. Ximénez de Sandoval se atreve a clasificar en distintos grupos las huestes castellanas llegando a un total de 32.000 combatientes y 12.000 acompañantes no combatientes. Se trataba sin duda un ejército enorme (los portugueses serían entre la mitad y la tercera parte), un enorme contingente en el que hay que contar a los caballeros, los ballesteros y lanceros, y además los peones que también iban a pie; pero también a pajes, criados, acemileros, vivanderos y otras gentes que también iban en el convoy (prostitutas, por ejemplo). O sea, que estamos hablando de una ciudad de las grandes de la época que se movería, lenta y pesadamente, por los calurosos y polvorientos caminos portugueses de la época.

Estamos ahora en Aldea del Obispo, a unos 30 kilómetros al noroeste de Ciudad Rodrigo. He decidido (porque carezco de datos) que el ejército castellano cruzó la raya portuguesa desde este pueblo salmantino (unos 300 habitantes). He llegado por caminos locales, siguiendo lo más cerca posible el curso descendente del río Águeda por su margen derecho. Unos 15 kilómetros aguas abajo desde Ciudad Rodrigo, justo al cruzar el puente, se nos presenta la Zona Arqueológica de Siega Verde, un enclave paleolítico descubierto en 1988 y que en la actualidad está debidamente protegido y señalizado (amén de haber sido declarado Patrimonio Mundial en 2010). Pero esta cerrado, así que, lamentándolo, no podemos entrar (luego me enteraré, por la web oficial de que hay un horario preestablecido de visitas y que conviene hacer reserva; pendiente de un próximo viaje, me contenté con hacer la visita virtual). Desde allí, una vez cruzado el Águeda, el camino sigue hacia el Oeste, por este trozo de la Meseta que es el campo de Argañán, paisaje de suaves colinas, con pastos y cercados de piedra seca, casi sin árboles; se respira soledad, tal vez la misma que hace más de seis siglos. Llegamos al pueblo (no vale gran cosa, sobre todo cuando vienes de Ciudad Rodrigo, aunque la Iglesia del XVIII construida sobre una anterior no está nada mal). Apenas nos detenemos, tenemos ganas de atravesarlo y caminar hacia la frontera por la carretera que se llama –cómo no– Avenida de Portugal; me imagino que este mismo eje, aunque en la Edad Media fuera una trocha, sería el que pisarían los millares de caballeros e infantes de Juan I. Enseguida, no habremos avanzado ni un kilómetro, nos topamos con una desviación hacia la izquierda, un camino empedrado con pequeñas losetas que sube al Real Fuerte de la Concepción, fortaleza que se construyó en tiempos de Felipe II como consecuencia de la secesión portuguesa. Por su emplazamiento pasó Juan II con su ejército, sin imaginar que un tataratataranieto suyo albergaría parecidos ánimos ofensivos contra los lusos (al fin y al cabo, demasiadas han sido las batallas entre ambos países). Tras el paréntesis de la obligada visita, seguimos por la misma carretera (ahora en descenso) y en apenas diez minutos llegamos a la histórica raya. El Turones no es más que un riachuelo, casi sin agua; cruzarlo no supondría ningún obstáculo para las huestes castellanas. Tampoco creo que la frontera estuviera protegida, como no lo está ahora; no hay ni restos de garitas aduaneras, tan solo el austero cartel europeo de fondo azul con un círculo de estrellitas amarillas y en su interior el nombre: PORTUGAL. Nadie nos sale al encuentro –tampoco a Juan I, seguro– y, sin embargo, se nota un tenue cambio de paisaje, más húmedo, más verde, más arbolado, como si abandonáramos los dominios de la meseta y empezáramos a sentir los aromas del Atlántico.

A solo 9 kilómetros de la raya está Almeida. Esta bonita villa fortificada había pasado a ser portuguesa solo 88 años antes de los días que estoy rememorando, mediante el Tratado de Alcañices por el que se consolidó la frontera entre los reinos de León y Portugal. La estructura defensiva de esta plaza es obviamente muy posterior a los tiempos de la crisis sucesoria portuguesa (de los siglos XVII y XVIII), pero me atrevo a suponer que la trama de las callejas es medieval y si no las actuales, las edificaciones que vio Juan I no debían ser muy distintas de las actuales. No sé qué hizo el rey en Almeida, si se detuvo o pasó de largo, si hubo de someter a sus vecinos o estos se le sometieron sin oposición (imagino que esto último); pero, en todo caso, nos gusta la villa y optamos por hacer noche (en el Hotel Fortaleza, muy recomendable). Al día siguiente, continuamos la ruta del ejército castellano. Primera parada Pinhel, en la ribera del Côa, afluente del Duero; un casco antiguo que tiene cierto interés aunque se ve muy abandonado y, en la parte más alta, el castillo del que se apropió en esos días de julio el rey. Luego vino Trancoso, a otra jornada de camino (unos 30 kilómetros), aunque es posible que al rey le llevara dos, dada su debilidad. Al llegar al escenario de la reciente derrota castellana, dicen los portugueses que Juan I, en venganza, mandó derruir la ermita consagrada a San Marcos que, según la leyenda, había intervenido en la batalla del lado portugués. Después alcanzarían Celórico da Beira, en el valle del alto Mondego, en la sierra de la Estrella. El pueblo medieval se ha extendido mucho y el casco antiguo queda ahora un poco excéntrico del conjunto urbano. En el centro de aquél están los restos del castillo (la torre apenas) en el que hubo de quedarse Juan I durante varios días, porque sabemos que el 21 de julio hizo aquí testamento (la enfermedad le imponía negros presagios) y partió (supongon que mejorado) el último día del mes. Nosotros no nos detenemos tanto, que nos van acuciando las ganas de llegar a Albujarrota.

domingo, 1 de octubre de 2017

1-O

Pasada la “jornada electoral” (así, entre comillas, sin querer darle ninguna intencionalidad, solo para que nos entendamos), viene el balance y éste, a mi juicio, no puede ser más triste. Creo yo que la desafección de los catalanes hacia España es hoy mayor que ayer; intuyo que ahora mismo hay más independentistas en Cataluña que antes de este “referéndum ilegal”. Estoy seguro de que el objetivo que perseguían los estrategas del soberanismo no era la votación, ni que ésta tuviera las garantías. No parece que haya aún una mayoría clara independentista y, si el modelo razonable es el de Quebec (se han cansado de ponerlo como ejemplo), Puigdemont y los suyos difícilmente podrían esperar seriamente que en estas circunstancias y de estos modos Cataluña podría alcanzar la independencia. Hay que lograr que las uvas maduren un poco más.

Se me dirá que, a partir de la aprobación abusiva de la Ley del referéndum, al gobierno de Rajoy no le quedaba otra que intentar impedir un incumplimiento manifiesto y anunciado de la Ley. Incluso, se puede argumentar que ha diso el poder judicial, no el ejecutivo, quien se ha ocupado de tratar de que no se celebre el referéndum. No digo que no; es más, creo que sí, que probablemente cualquier gobierno tenía muy poco margen de maniobra, estaba obligado a evitar que se produjera una flagrante violación de la Ley. Pero lo que es incuestionable es que el gobierno ha hecho las jugadas que le ha obligado a hacer el contricante, las que él quería que hiciera. Y eso dice muy poco de la competencia política de este gobierno.

Acabo de echar un vistazo en internet a varios periódicos de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. En todos, lo que destaca en la primera página es la confrontación violenta entre la policía española y los catalanes que quería votar. No creo, por lo que he visto (llevo todo el día con la Sexta puesta), que la policía haya cargado injustificadamente contra quienes “defendían” los colegios electorales; sin duda que los ataques han partido de algunos de éstos (por ejemplo, tirando vallas contra los agentes o apedreándolos). Más bien estoy bastante convencido de que tenían órdenes de evitar a toda costa la violencia contra las personas. Pero es una ingenuidad pensar que si metes a la policía no va a haber confrontación cuando lo que se quiere es que la haya.

Estamos en el tiempo de la llamada posverdad. La verdad no le interesa a nadie, es lícito manipularla para “contar el relato” (otra expresión muy de moda) que a cada uno le interesa. Pues bien, sin duda, lo que ha ocurrido hoy ha fortalecido el relato independentista. Ha aumentado la tensión emocional, haciendo mucho más difícil cualquier posibilidad de diálogo. Tanto en Cataluña como en el resto de España, es probable que la radicalización de las posiciones dé más fuerza y apoyo social (electoral) a quienes defienden la incompatibilidad esencial, llevando el conflicto a un plano en el que solo cabe resolverlo por la vía de la fuerza.

Ningún Estado, por muy occidental y democrático que sea, puede permitir que una parte de su territorio se independice. Pero, por otra parte, también creo que un Estado no puede mantener dentro de sus fronteras un territorio cuyos habitantes se sienten ajenos a aquél y quieren ser independientes. O sí puede, pero con represión, en condiciones que parecen inaceptables en los tiempos que corren. Me da la impresión de que los estrategas del soberanismo comparten estas dos afirmaciones y están actuando en consecuencia. El objetivo es conseguir que siga creciendo el porcentaje de catalanes desafectos a España (aunque se confunda España con este gobierno español) hasta el punto en que haya mayoría suficiente en el Congreso para modificar la estructura del Estado, conceder a Cataluña el título de nación e incluso el derecho de autodeterminación en condiciones similares a las de Quebec.

Ya veremos qué pasa. Pero no se menosprecie la estrategia del nacionalismo catalán (que aclaro, por si acaso, que rechazo); que lo de hoy ha sido un paso más en dicha estrategia que puede ilustrase con la expresión “romper puentes”. Tengo además la sensación de que el PP está esencialmente incapacitado para revertir el lío en el que estamos, para conseguir invertir la tendencia de desafección entre la población catalana.

jueves, 28 de septiembre de 2017

Hacia Albujarrota (1)

Ya comenté en la entrada anterior la audaz convocatoria de la Asamblea del Reino en Coimbra que hizo el Maestre de Avis en abril de 1385 y cómo consiguió ser nombrado rey, declarando ilegítimos a los otros aspirantes (a Beatriz, la esposa-niña de Juan I, y al tercer Juan, hijo de Pedro I). No debe menospreciarse el importante peso de la emotividad popular en esta coronación: el flamante Joao I supo excitar y aprovechar a su favor el odio de gran parte de los portugueses hacia Castilla. Los castellanos eran los enemigos, los que querían oprimir al buen pueblo portugués. Imagino, por ejemplo, que la propaganda de la época podría presentar con los tintes más negros el permanente acoso de la armada castellana sobre el amplio litoral portugués. Moviéndose continuamente entre las bases de Coruña y Sanlúcar, dividas en pequeños grupos, las naves de Juan I acosaban las poblaciones costeras e incluso entraban impunemente por el estuario del Tajo. Pero la fortaleza castellana fue quebrada a partir de la coronación, como si el contar con monarca propio inyectara bríos a las fuerzas lusas, creando una especie de sentimiento patriótico compartido colectivamente, aunque este tipo de enunciados deben considerarse con precaución, para evitar caer en anacronismos. El caso es que Joao emprendió varias contraofensivas victoriosas: las villas fronterizas con Galicia, la importante rendición de Guimaraes, que trajo consigo el derrumbamiento de la resistencia castellana en la zona e incluso la caída de Braga. Laureado y cargado de botín, el nuevo rey regresó a Coimbra.


Las noticias llegan a Juan I que está en Madrigal (de las Altas Torres, aunque por entonces aún no tenía el apellido). A esta villa abulense llegamos en verano, con un calor agobiante que no debió soportar el rey castellano que estuvo unos meses antes. Madrigal era una ciudad vinculada a la corona castellana, en concreto a las reinas, ya que se cedía a cada una de ellas como dote matrimonial desde que en 1311 Fernando IV se la otorgó a su madre, María de Molina. De modo que, al menos hasta los Reyes Católicos era una de esas ciudades castellanas habituales en las rutas itinerantes de la corte, antes de que Felipe II fijara capital. Lo mejor de esta villa es su estructura urbana, que te hace pensar que debió ser mucho más imponente en la Baja Edad Media de lo que es en la actualidad. El casco central está parcialmente murado y esa muralla mudéjar del siglo XI o XII es una maravilla, en especial las tres puertas que se conservan. El perímetro amurallado era casi circular con un diámetro medio de 685 metros, lo que supone que la superficie del recinto superaba las 35 hectáreas, más o menos como la de Ávila y mayor que los espacios intramuros de otras importantes ciudades de la época, como París o Reims. Tales dimensiones inducen a pensar que la ciudad árabe pudo ser más grande y poblada que la posterior cristiana.

Visitamos el Palacio de Juan II, construido a principios del XV por el nieto de Juan I. Sin embargo, en el mismo emplazamiento ya había un edificio en el que se alojaban los monarcas y nobles y en el que consta que residió Pedro I el Cruel, el último rey de la Casa de Borgoña (al que mató Enrique II, como ya he contado). Así que mientras visito el actual monasterio de Nuestra Señora de Gracia, trato de imaginarme esos días. A Don Juan I recibiendo en la sala de Cortes, bajo el magnífico artesanado mudéjar, a los que le traen las pésimas noticias de los triunfos de ese bastardo portugués a quien hasta entonces no había tomado tan en serio como habría debido. O paseando a grandes zancadas por agradable claustro, maldiciendo las recientes derrotas y ardiendo en airadas ansias de venganza. Pero la verdad es que no logro hacerme creíble este intento de viaje en el tiempo: los espacios por los que transito están demasiado “isabelizados”, porque lo que hace famoso a este inmueble no es que aquí morara Pedro I, o que –como elucubro– hiciera un alto Juan I en su campaña portuguesa, ni tampoco que fuera refugio de la reina María de Aragón y que su esposo Juan II lo ampliara y embelleciera. No, su atractivo turístico radica en que entre estas paredes, en 1451, nació Isabel la Católica. Y en función de la gran reina está montada la escenografía, de modo que mi pobre imaginación se resiste a dejarme ver en estos espacios episodios ocurridos 66 años antes.

Juan I estaba cabreado, mucho. Decidió que volvería a invadir Portugal para acabar de una vez por todas con ese impertinente Joao I y someter el país a su dominio. Elige Ciudad Rodrigo como cuartel general de sus tropas, si bien concentra algunas unidades en Badajoz para labores de cobertura en el Alentejo. Siguiendo la ruta del rey salimos de Madrigal por una carretera provincial que atraviesa un extenso y plano mosaico de cultivos de secano. A unos nueve kilómetros, primer pueblo, Horcajo de las Torres, uno de los veinticuatro municipios en los que pernoctó Carlos V en su recorrido de cinco meses desde Laredo hasta el Monasterio de Yuste. El pueblo es feo con ganas, nada tiene que merezca más de una ojeada, ni siquiera la Iglesia. Al llegar a su límite occidental cruzamos el río Trabancos, solo un cauce seco. Otros nueve kilómetros y otro pueblo, éste ya salmantino, que tiene el curioso nombre de Palaciosrubios. Por lo visto el topónimo alude a un lugar con almacenes de trigo rubión, porque el término “palacio”, en la Edad Media, se usaba con el significado de granero para el cereal ; y “rubión” era una variedad de trigo rojizo mencionada en El Quijote. Pero el nombre es lo más interesante del pueblo que, sin llegar al nivel de Horcajo, tampoco merece una visita. Y luego vino Poveda de las Cintas, después Villoria (iglesia con ábside románico), siguió Babilafuente (con algo más de empaque en torno a la Plaza Mayor) y, antes de llegar a Salamanca, Aldealuenga. En todos esos pueblos nos detuvimos a estirar las piernas y tomar un café cuando encontramos un bar abierto. Y de todos nos fuimos sin nada que nos hubiese regocijado la vista. Pero, en cierto modo, se trataba de ir lento. Hicimos los 60 kilómetros que separan Madrigal de Salamanca en dos horas y media, una velocidad bastante mayor que a la que iría el ejército castellano pero no mucho más que la de los caballeros al galope. En mis fuentes no he encontrado que Juan I se detuviese en Salamanca, aunque es indudable que hubo de pasar por aquí. Como nosotros sí hemos de detenernos un par de días, decido imaginarme que el monarca con sus más allegados descansó también unas jornadas en esta preciosa ciudad, mientras los soldados la bordeaban siguiendo viaje a pie.

Tres días después, al mediodía, estamos en Ciudad Rodrigo. Vamos directamente al Parador Nacional, donde hemos reservado habitación (una pasta; ya los Paradores no son tan asequibles como eran hace años), porque es el Castillo que había construido Enrique II una docena de años antes de los acontecimientos protagonizados por su hijo que estoy rememorando. En realidad el primer Trastámara recosntruyó las ruinas del castillo que también había reconstruido Fernando II de León en la segunda mitad del siglo XII, cuando ya la frontera con los moros había descendido suficientemente al Sur y la ciudad había sido repoblada gracias a los esfuerzos del conde Rodrigo González Girón. Desde el siglo XIII al XVI, Ciudad Rodrigo es uno de los núcleos urbanos de mayor importancia y renombre de Castilla, residencia de importantes familias de alcurnias, que han dejado abundantes muestras arquitectónicas (no en vano el casco histórico es Conjunto Histórico-Artístico desde 1944) de las que disfrutamos durante el día y medio que dura nuestra estancia. No poca parte de la misma, la dedicamos a pasear por este alcázar donde –estoy convencido aunque no haya encontrado la confirmación precisa– tuvo que alojarse Juan I con su estado mayor y desde donde hubieron de preparar la campaña portuguesa. Subo a lo alto de la Torre del homenaje y miro al Sur, al puente sobre el Águeda que algunos dicen que es romano (puede que en la Antigüedad hubiera aquí un puente pero poco queda de él en el actual) peor lo que es seguro es que sí estaba en los días previos al desastre de Albujarrota. Pienso que si cruzo ese puente, llego enseguida a la A-62, autovía que en sentido Este me pone en apenas 30 kilómetros en la frontera portuguesa. Ahora bien, sé que el ejército castellano entraría en Portugal por la villa fortificada de Almeida, a unos 40 kilómetros al Noroeste de Ciudad Rodrigo. Para llegar allí se puede cruzar la raya siguiendo la A-62 y en Vilar Formoso (la localidad fronteriza que no existía en tiempos de Juan I) girar hacia el Norte. O también dirigirse hacia el Noroeste por la Vega del Águeda para, a la altura de la zona arqueológica de Siega Verde, torcer hacia el Oeste, alcanzar la Aldea del Obispo y desde ahí llegar a Almeida a sólo 10 kilómetros de distancia. Las dos rutas tienen una longitud similar, y yo, oteando desde el castillo de Enrique II, sin más ayuda que un mapa del IGN y mi intuición, decido que fue la segunda la que hicieron los castellanos y la que yo seguiré al día siguiente.

martes, 26 de septiembre de 2017

Mosén Rubí de Bracamonte (3)

Hemos ya repasado la primera etapa de la vida de Robert de Braquemont, la que llega hasta sus treinta años, a mediados de la década de los ochenta del siglo XIV. Siglo catastrófico, desde luego, “uno de los más nefastos de la historia de la humanidad, marcado por las graves plagas y las guerras que asolaron casi toda Europa” (Wikipedia). Barbara Tuchman escribió un maravilloso libro dedicado a esta centuria –Un espejo lejano–, cuya lectura es muy recomendable para hacerse una imagen panorámica de aquellos tiempos. Recuérdese, por ejemplo, que hacia la mitad del siglo Europa vivió la terrible Peste Negra que supuso, en el caso de Francia, la muerte de casi la mitad de la población; afortunadamente para él, Robin nació cuando la epidemia se estaba disipando, al menos en Normandía, aunque siguió golpeando casi hasta el final de la centuria (por ejemplo, Luis de Anjou murió de peste). Pero de lo que no se libró fue de los conflictos bélicos que asolaban todo el continente, empezando por el mayor de todos que tan de cerca le tocaba, la Guerra de los Cien Años, que ya había empezado cuando nació y no habría acabado cuando murió. Este enfrentamiento entre los reyes de Francia y de Inglaterra enmarcaba muchos otros conflictos, la mayoría de ellos también de naturaleza dinástica, peleas por el acceso a los tronos, lo que da muestra de la enorme inestabilidad política de la época. Naturalmente, en tiempos de guerra la violencia es la que manda y la gran mayoría de la población sufre sus terribles efectos. Otros, sin embargo, saben desenvolverse en ese mundo de crímenes, intrigas y acciones militares, y gracias a él medran hasta los puestos más encumbrados de la sociedad. Nuestro protagonista fue uno de ellos.

Ya hemos visto que Robert alcanza reconocimiento militar al servicio del Duque de Anjou en el conflicto sucesorio por la corona de Nápoles, aunque el bando por el que combate resultara el perdedor. También en la Península Ibérica eran aquellos tiempos de broncas sucesorias y allí habría de ir el de Braquemont. Doy unas pinceladas rápidas para situar los antecedentes. Ya me referí en la entrada anterior al ascenso al trono de Castilla de Enrique II, el primer Trastámara, gracias al inestimable apoyo francés (y particularmente del legendario Bertrand du Guesclin). Ahora bien, Fernando I, el rey portugués, no aceptó la nueva dinastía del vecino país y, con apoyos en el interior y en el exterior (pactos con Inglaterra, Aragón, Navarra y los benimerines marroquíes y granadinos), abanderó la causa legitimista contra el usurpador con las llamadas guerras fernandinas. En las dos primeras, vence Enrique y se firman los correspondientes Tratados con los habituales acuerdos matrimoniales entre ambas casas (1371 y 1373); en la tercera, ya muerto el rey castellano, Fernando pacta mediante el Tratado de Salvaterra de Magos (1383) la que parece una solución de paz a lago plazo entre ambos reinos: casar a su hija y heredera Beatriz, entonces de 10 años, con el monarca castellano, Juan I, de 25 años, viudo reciente de Leonor de Aragón, que le había dado dos hijos (los futuros Enrique III de Castilla y Fernando I de Aragón). El acuerdo estipulaba que, si bien Juan podría titularse rey de Portugal como marido de la reina, ambos estados habrían de mantener sus independencias. Para ello, el primer hijo varón de la pareja habría de ser educado en Lisboa a cargo de Leonor, la reina viuda de Fernando (estaba ya agonizante a la firma del Tratado), quien ejercería la regencia. Sin embargo, en cuanto murió el rey portugués, como siempre ocurre, las cosas se torcieron.

Lo que pasó es que Juan II consideró que no le bastaba con ser nominal de Portugal, sino que quería poder ejercer de hecho como tal. En ese propósito tenía el apoyo de buena parte de la nobleza lusa pero se le oponía la incipiente burguesía y el pueblo llano; ya para entonces los portugueses recelaban muy mucho de los castellanos (y eso no ha cambiado más de seis siglos después). El caso es que cuando en varios lugares de Portugal se proclamó el ascenso al trono de Juan y Beatriz se manifestó un generalizado rechazo popular y reclamos para que otro Juan, el hijo de Pedro I de Portugal con Inés de Castro y, por tanto, hermanastro de Fernando I, fuera nombrado rey. Juan I, para evitarse problemas, encerró a su tocayo en el Alcázar de Toledo, pero entonces apareció en la partida un tercer Juan, también hijo de Pedro I, pero éste bastardo. Aún así, su sangre real hizo que le otorgaran el importante título de maestre de la orden militar de Avis, la más importante del medioevo portugués. Pues bien, este Juan maestre de Avis, se erigió como defensor de los derechos del otro Juan portugués y en contra del Juan castellano. Entre 1983 y 1985 se desarrolló esta crisis sucesoria que acabó con la contundente victoria de la resistencia portuguesa a las ansias anexionistas de Castilla. Durante esos años, el maestre de Avis ejerció un liderazgo decisivo de modo que, al final, la gran mayoría de sus partidarios deseaban colocarlo en el trono. Para ello, en la primavera de 1385 las Cortes portuguesas declararon que Beatriz era hija ilegítimo porque fue nulo el matrimonio de Fernando I con Leonor Téllez, y también que los hijos de Pedro I con la gallega Inés de Castro (entre ellos el segundo Juan) también lo eran porque también ese matrimonio fue nulo. De modo que gracias a estas dos nulidades matrimoniales a posteriori resultó que nadie tenía derecho por herencia y el pueblo era libre de escoger un nuevo soberano, a través de sus representantes, sin tener en consideración los dictámenes de las reglas sucesorias. Y, claro está, esas Cortes votaron al maestre de Avis que se convirtió en Juan I. Por primera vez en la historia de Portugal el rey era electo y, además, bastardo.

¿Y qué tiene que ver este episodio de la historia ibérica con la vida de Robert de Braquemont? Pues que, en virtud de la alianza entre Castilla y Francia a la que ya me referí en la entrada anterior, Juan I pidió ayuda a Carlos VI para reforzar el ejército con el que pretendía ocupar Portugal. Beltán Duguesclín, el fabuloso bretón, había dejado la Península quince años atrás, después de dar el trono a los Trastámara (parece que a principios de su reinado, Juan I solicitó que volviera el que ya era Condestable de Francia y él estaba dispuesto; pero enfermó de disentería y murió). Desde principios de 1384, Juan I se paseaba por el país vecino, sucediéndose una serie de ofensivas y repliegues. El ejército castellano era muy superior numéricamente al portugués, aunque éstos contaban con el apoyo de los mortíferos arqueros ingleses, a las órdenes del duque de Lancaster. Así, en vísperas del verano de 1385, las recientes contraofensivas del maestre de Avis (que siguieron a su coronación) obligaban al de Castilla a buscar una batalla final, decisiva, pero antes de acometerla esperó que le llegaran de Francia una compañía de 800 lanceros franceses mandada por Geoffroy Parthenay. Hemos de suponer que con ese contingente vendría Robin, ya en calidad de oficial de rango elevado, aunque no tenemos pruebas ciertas pues la primera constancia documental de su estancia en la Península es de 1386. Quizá sea más verosímil, dado que alcanzaría el grado de almirante, que viniera en alguna de las naves que anclaron en el estuario del Tajo a la espera del desenlace de Aljubarrota. Sin embargo, prefiero imaginarme que nuestro protagonista asistió a esa terrible batalla, que se batió cuerpo a cuerpo y que incluso se hizo notar por el rey y los nobles castellanos de modo que la humillante derrota fuera después para él fuente de ventajas y beneficios en la corte de Juan I. La importancia de Aljubarrota fue tan grande que merece que le dediquemos la próxima entrada, incluso aunque no estemos seguros de que en ella participara nuestro Mosén Rubín de Bracamonte.

domingo, 24 de septiembre de 2017

Mosén Rubí de Bracamonte (2)

Robín inició su carrera militar a los 19 años, cuando en octubre de 1374 fue recibido en el ejército del rey Carlos V, el tercer Valois. Para esa fecha, el monarca tenía 36 años y llevaba ya diez de reinado, pero en realidad su protagonismo en el gobierno de Francia había empezado mucho antes, desde que tras la captura de su padre por los ingleses en la batalla de Poitiers (1356), hubo de asumir la regencia. Carlos, llamado el Sabido, subió al trono durante la paz que interrumpió la Guerra de los Cien Años tras el Tratado de Brétigny (1360), pero el estado de Francia era desastroso. Grandes partes del Occidente y Norte del país había pasado a los ingleses y otras ya eran propiedad del Plantagenet o aliadas de éste (el ducado de Bretaña). Por otro lado, los soldados mercenarios que habían participado en la Guerra al servicio de los monarcas y grandes señores, al llegar la paz se habían organizado en compañías de bandoleros y asesinos que se daban al robo y al pillaje, de modo que en casi todos lados se vivía un clima de terror. Con el doble objetivo de acabar con tantos peligrosos criminales y, de paso, constituir por primera vez un ejército estable, que no dependiera de mercenarios, Carlos recurrió al más famoso de todos aquellos aventureros violentos, tan abundantes en la Francia bajomedieval, un bretón de fealdad y fuerza legendarias (“soy muy feo para ganarme el afecto de las mujeres, pero en cambio sé hacerme temer de mis enemigos”) que para entonces ya tenía en su currículum hazañas destacadísimas: Bertrand du Guesclin o, en España, Beltrán Duguesclín. Du Guesclin comenzó sus servicios al rey sabio en la guerra por la sucesión de Borgoña y consolidó su fama como gran general en la victoriosa batalla de Cocherel de 1364 contra las fuerzas anglo-navarras (sí, la misma en que murió Jean III Bethencourt).

Por aquellos tiempos Castilla sufría las peleas por la corona entre Pedro I el Cruel, el hijo legítimo de Alfonso XI con María de Portugal, y Enrique, conde de Trastámara, y también hijo de Alfonso pero con su favorita, la bella Leonor de Guzmán. Pese a ser el heredero de derecho y llevar una década en el trono, la extrema crueldad de Pedro lo había hecho odioso a casi todos; en el plano internacional, era enemigo de Francia y, consiguientemente, los ingleses se pusieron a su favor. En 1360, Enrique, viendo que sus partidarios crecían, decidió invadir Castilla y ocupó Nájera; sin embargo, en la batalla ante esta ciudad riojana, el Trastámara fue derrotado y hubo de exiliarse en la corte de Carlos V. Unos años después, el rey francés decidió prestarle ayuda militar para el definitivo asalto al trono castellano y, de paso, librarse de los últimos tard-venus (los bandoleros que asolaban Francia), integrándolos en el ejército francés que, al mando del aguerrido Bertrand du Guesclin, envió a la Península. En la batalla de Montiel (marzo de 1369), los dos hermanos se enfrentaron cuerpo a cuerpo y, gracias a la ayuda de Duguesclín, Enrique apuñaló a Pedro. De este modo se ciñó el bastardo Trastámara la corona de Castilla e inició una casa dinástica que en el siglo XV llegaría a gobernar en Castilla, en Aragón y en Navarra. Naturalmente, durante su reinado, Enrique II mantuvo la alianza con Francia, creando unas condiciones de amistad y colaboración que explican la posterior presencia e imbricación de nuestro protagonista en Castilla.

Pero antes de ir a Castilla, Robin deBraquemont, según cuenta la tradición, sirvió en la escuadra del almirante Jean de Vienne. De Vienne fue uno de los principales impulsores del reforzamiento de la armada francesa, comprendiendo cabalmente que en la Guerra de los Cien Años era fundamental conseguir la supremacía naval y atacar las costas inglesas. Pudo poner en práctica sus ideas en 1374, gracias al apoyo de Castilla que envió veinte galeras al mando del almirante Fernando Sánchez de Tovar. La unión de las fuerzas navales francesas y castellanas permitió llevar a cabo varias acciones de castigo sistemáticas contra las ciudades del litoral meridional de Inglaterra. En alguna de esas expediciones pudo haber embarcado el joven Robin de Braquemont, zarpando probablemente de algún puerto normando, muy cercano a su pueblo de origen. En junio de ese mismo 1377, Robin forma parte de una compañía armada sita en Honfleur, en el estuario del Sena. Esta preciosa villa (que siglos después sería una de las preferidas de los pintores impresionistas), había sido recuperada recientemente del dominio inglés y por entonces se estaba fortificando a fin de convertir su puerto en la puerta defensiva que impidiera entrar a los ingleses por el río. Por esas fechas, raptó a la joven Isabeau de Murdac, hija del señor de Sainte-Marguerite, pues se conoce un documento de 1378 que le condena a entregarla al caballero Henry de S. Denis. Supongo yo que el señorío de Sainte-Marguerite correspondería al actual pueblito de Sainte-Marguerite-sur-Mer, en la costa de la Alta Normandía a unos quince kilómetros de Bracquemont. Así que por qué no imaginar una romántica historia de amor: dos adolescentes de pueblos cercanos que se enamoran, él inicia su carrera militar empeñado en alcanzar fama y prestigio, ella promete esperarlo. Sin embargo, el padre la promete con un extraño, un tal Henry de Saint Denis; ella, desesperada logra enviar aviso a su amado, acuartelado en la no muy lejana Honfleur. Ambos se fugan de Sainte-Marguerite y viven escondidos algunos días, dispuestos a casarse contra los deseos de la familia. Pero pronto algunos camaradas le hacen saber a Robin que se una boda proscrita trae consigo perder su prometedora carrera; el padre de Isabel lo ha denunciado y un juez del rey ordena la devolución de la doncella. El cálculo se impone al amor y nuestro joven héroe entrega a la Murdac, quizá no del todo inmaculada, pero parece que no hubo más problemas. Al fin y al cabo, pensaría Robin, por un enamoramiento juvenil no voy a estropearme el futuro.

La verdad es que desconocemos las causas y consecuencias de esta aventura mujeril. Quizás no saliera del todo bien librado pues nada se sabe del joven hasta 1384, fecha en la cual ya estaría acabando su veintena. En ese año –según la Histoire Genealogique et Chronologique de la Maison Royale de France, escrita por P. Anselme en 1733– está al servicio de Luis de Anjou. Luis, duque de Anjou, era el hermano de Carlos V y, al morir éste en1380, hubo de ocuparse junto con sus otros dos hermanos –Juan, duque de Berry, y Felipe, duque de Borgoña– de la regencia pues el heredero, Carlos VI a quien apodarían el Loco, tenía solo 11 años. Pues resulta que unos años antes, Juana I, la reina de Nápoles, que no tenía hijos varones vivos, había nombrado como su heredero a Luis de Anjou. La cuestión sucesoria de Nápoles hay que enmarcarla en el Cisma de Occidente, surgido a la muerte de Gregorio XI en 1378. Como es sobradamente sabido, la designación de Urbano VI en Roma fue rechazada por varios cardenales quienes en Fondi eligieron a Clemente VII, quien fijaría su sede en Avignon. Pues bien, Juana se decantó por Clemente (al igual que Francia, Castilla, Aragón y Escocia, entre otros reinos) y, consecuentemente, en 1380, Urbano la declaró herética y cismática, lo que autorizaba a cualquiera a deponerla del trono. Quien ansiaba hacerlo era Carlos de Durazzo, miembro de una de las ramas de la dinastía napolitana de los Anjou y fuertemente apoyado por el rey de Hungría, enemigo mortal de Juana (si ahora me pusiera a contar el embrollo de la historia napolitana durante el reinado de Juana, sus enfrentamientos con Hungría y sus complejas ramificaciones internacionales, no acabaría nunca). El caso es que Juana, viendo peligrar tanto su trono como su vida, decidió que la opción más segura que le quedaba era involucrar a la familia reinante de Francia.


Sin embargo, Luis no partió inmediatamente hacia Italia debido a sus obligaciones como regente (o a falta de previsión política). Carlos de Durazzo, en cambio, con la bendición del Papa romano y el apoyo militar de Hungría, tomó la capital en abril de 1381 y mandó asesinar a Juana, refugiada en el Castel dell’Ovo (desde donde se ve un magnífico panorama de la bahía napolitana, como saben todos los que han visitado la ciudad). Solo una vez que el de Durazzo ocupa el trono napolitano, el de Anjou se da cuenta de que corre el riesgo de perder la magnífica ocasión de ser rey y comienza a organizar un ejército para la reconquista de Nápoles. En 1382 Luis está en Avignon, donde se hace coronar rey de Nápoles por Clemente VII y, de paso, conde de la Provenza, que por entonces estaba unida temporalmente a la casa reinante en Nápoles. Allí, en Provenza, se dedica a reunir fuerzas (como primera acción envía doce galeras a la bahía napolitana, sin mayores consecuencias). Luis al frente de un enorme ejército cruzaría los Alpes hacia el otoño de ese año y pasaría largos meses atacando sin éxito a las fuerzas de Carlos de Durazzo. Hay que suponer, por tanto, que Robin de Braquemont acudiría enrolado en algún contingente de refuerzo, cuando ya la campaña estaba en marcha. Lo que está claro es que no debió guerrear mucho tiempo, porque el Anjou murió en su base de Bari ese mismo año de 1384 (hay incluso quienes dicen que fue en septiembre del 83). Ahora bien, por poco que durara su permanencia en Italia, hubo de darle tiempo para destacar porque, el 1 de noviembre de 1388, Carlos VI le otorgó, en recompensa por sus servicios a la familia, la considerable cantidad de dos mil francos de oro. En los inicios de su treintena, Robert de Braquemont era ya un distinguido caballero del reino de Francia.