miércoles, 22 de noviembre de 2017

Prisión provisional

Artículo 502 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC): 2. La prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes, y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional.

Artículo 503 LEC: 1. La prisión provisional sólo podrá ser decretada cuando concurran los siguientes requisitos: 3º. Que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines:
a) Asegurar la presencia del investigado o encausado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga.
b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto.
2. También podrá acordarse la prisión provisional … para evitar el riesgo de que el investigado o encausado cometa otros hechos delictivos.

En su Auto de 2 de noviembre, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela Díaz examina la procedencia de la prisión preventiva a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la cual viene a decir lo mismo que los artículos de la LEC citados más arriba: que los riesgos a prevenir son la sustracción a la Justicia (escaparse), la obstrucción (alterar o destruir pruebas) y la reiteración delictiva. Tras el repaso de los hechos y de la situación de los procesados, la jueza concluye que se aprecian los tres riesgos citados, por lo cual ordena la prisión provisional comunicada y sin fianza para todos salvo para el conceller que dimitió Santi Vila.

Una semana después, en su Auto de 9 de noviembre, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena Conde, se enfrenta a la misma decisión que Lamela, siendo los encausados Forcadell y otros miembros de la Mesa del Parlament. A diferencia de la jueza, este magistrado, al examinar la doctrina constitucional sobre la medida cautelar de prisión, pone de manifiesto en primer lugar el carácter excepcional de la misma, subrayando que para adoptarla, además de los requisitos ya mencionados de la LEC, debe ser proporcional e idónea y, sobre todo, si contribuye a los mismos fines, debe preferirse cualquier otra medida menos restrictiva. Luego, estima que el riesgo de fuga de Forcadell, aún existiendo, se difumina por haberse presentado cuantas veces ha sido citada por el TSJC, en contraste con otros acusados que se encuentran fugados (Puigdemont & Co). Al evaluar el riesgo de reiteración en el delito, al magistrado le basta con que los acusados le aseguren que renuncian a cualquier actuación fuera del marco constitucional. Finalmente, entiende que no cabe que los investigados destruyan pruebas porque las de su delito son públicas (disposiciones legales). De modo que, si bien con una fuerte fianza, dejó en libertad provisional a Carme Forcadell.

Al margen de que me parece bastante claro que las sensibilidades hacia la prisión preventiva son muy distintas en la jueza y en el magistrado, también es verdad que las acusaciones a ambos grupos de encausados no son exactamente iguales. Ahora bien, lo que durante los pasados días ha sido remarcado por analistas políticos y tertulianos como la diferencia clave es la que, burlonamente, se ha dado en llamar doctrina Forcadell y que vendría a decir que para obtener la libertad provisional el imputado ha de abjurar de sus errores mediante el acatamiento del 155 y la admisión de que va a actuar a partir de ahora dentro de la Constitución. Así, los encarcelados por Lamela, que están pidiendo que les dejen salir, parece que se dividen en dos: Junqueras y los de ERC que se niegan a admitir el 155, y los dePdCat que sí lo harían. En mi opinión, creo que poco, casi nada, tiene que ver (o debería tener que ver) ese hipócrita propósito de enmienda con que se les excarcele.

Verdad es que el magistrado Llarena considera que esas promesas de Forcadell y compañeros contribuyen a reducir el riesgo de que reitere en los delitos. Pero me parece un mero adorno retórico, sin peso real en la evaluación del riesgo. Porque, dijera Forcadell lo que dijera, en la situación en que está Cataluña (intervenida por el Estado en virtud del 155) y por más que nominalmente siga siendo la presidenta del Parlament, no tiene casi ninguna posibilidad de reiterar su comportamiento delictivo (que no sería otro que adoptar decisiones que reforzaran el procés). Esa es la situación objetiva –que a mi juicio es aplicable también a los encarcelados del Govern–, a la cual ni suma ni resta nada la promesita del niño Jesús de que a partir de ahora va a ser buena. A senso contrario, si el Estado no hubiera aplicado tan duras medidas y la Forcadell (y los miembros del Govern) volvieran a sus cargos anteriores, el riesgo de que desde ellos reiteraran sus comportamientos delictivos sería muy alto, y desde luego no disminuiría un ápice por mucho propósito de enmienda que declararan.

En resumen, que tengo la sensación de que, después de lo ocurrido con la Forcadell, muchos de los comentaristas políticos (obviamente de los no independentistas) comparten las ganas de que los reos hayan de pagar el precio de la humillación para salir de la cárcel. De ese modo, creo, no solo satisfacen un cierto afán revanchista sino que obtienen argumentos para ridiculizarlos ante sus seguidores, para poder acusarlos por enésima vez de engañar a los catalanes y calificarlos con no pocos epítetos más. A mi modo de ver, eso no es bueno. En primer lugar, porque no creo en absoluto que el que Forcadell y eventualmente los consellers se desdigan de lo que han hecho tenga ningún efecto persuasivo en los muchos y fervorosos independentistas; al contrario, lo tomarán como un ejercicio de legítima defensa ante las presiones antidemocráticas del Estado español. Pero no me parece bueno, sobre todo, porque de nuevo en la administración de justicia se estarían introduciendo factores extrajudiciales, casi me atrevería a decir que políticos; y ello supone debilitar la imagen de rigor y objetividad del poder judicial español y facilitar justamente a los independentistas más argumentos para su demagogia. En resumen, que ojalá concedan la libertad provisional a Oriol Junqueras y sus coleguitas, pero no se la condicionen al paripé de prometer cumplir la Constitución; ¿acaso no lo prometieron al acceder a sus cargos?

martes, 21 de noviembre de 2017

Espanya ens mata

El 1 de octubre, como todos sabemos, tras un heroico referéndum, el pueblo catalán, en prodigiosa combinación de inteligencia y bravura, logró vencer la violenta represión del estado fascista español y ejerció el sagrado derecho a voto, expresando la voluntad abrumadoramente mayoritaria de constituirse en una república independiente que será mucho más justa, benéfica y democrática. Sin embargo, el Estado español, con un comportamiento inaudito e inaceptable en los tiempos que corren, se negó a asumir el mandato popular. Muy al contrario, sus principales dirigentes –empezando por el descendiente de ese primer Borbón que arrasó las libertades catalanas, siguiendo por un partido heredero de los más crueles franquistas y acabando con quienes han traicionado unas de las más venerables credenciales democráticas– estaban dispuestos a todo, incluso a aplastar con la violencia asesina más indiscriminada cualquier conato independentista. Gracias a la valiente Marta Rovira, joven abogada vigitana y secretaria de Esquerra Republicana desde 2011, los ciudadanos podemos conocer lo que efectivamente ocurrió a partir de aquel glorioso primero de octubre. Fuentes de toda solvencia hicieron llegar al Govern que, si seguían con lo de la independencia, habría sangre y muertos en las calles porque esta vez iban a ser contundentes, ya no se trataría de pelotas de goma sino de armas de fuego. Esas fuentes tan fiables (provenían del propio Ejecutivo de Rajoy) les aseguraron que estaban acumulando armas en el acuartelamiento del Ejército de Tierra General Álvarez de Castro en el municipio ampurdanés de San Clemente de Sescebes, que es de donde saldrían las tropas para ocupar toda Cataluña (esta vez no iba a ser la Guardia Civil o la Policía Nacional).

Pues bien, enterados de tan terribles amenazas, los miembros del Govern se enfrentaron a un dramático dilema: obedecer el mandato popular y arriesgarse a la hecatombe del pueblo al que aman, representan y dirigen o, por el contrario, defraudar las ansias de libertad de la ciudadanía para evitar las masacres que la sanguinaria fiera estatal no tenía ningún reparo en cometer. Recordemos que los dirigentes catalanes que han impulsado el procés han defendido desde sus orígenes que había de ser, ante todo, pacífico. Así que, aunque dolorosa, la decisión era obligada: el Govern no podía aceptar un escenario de violencia extrema con muertos en la calle. Por eso, el día 10 de octubre, el president Puigdemont declaró en el Parlament lo que solo ahora –gracias a Marta Rovira, repito– podemos entender cabalmente: “Llegados a este momento histórico … asumo … el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república. Esto es lo que hoy corresponde hacer. Por responsabilidad y por respeto. Y con la misma solemnidad, el Gobierno y yo mismo proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada. Creemos firmemente que el momento demanda no aumentar la escalada de tensión, sino sobre todo, voluntad clara y compromiso para avanzar en las demandas del pueblo de Cataluña a partir de los resultados del 1 de octubre. Resultados que debemos tener en cuenta, de manera imprescindible, en la etapa de diálogo que estamos dispuestos a abrir.”

Todos los que en Parque de la Ciudadela escuchábamos aquel discurso con ilusionadas expectativas sentimos el tremendo impacto de la decepción por esa solicitud suspensiva del President. En nuestra exaltación apasionada, algunos pensamos que el Govern, miedoso, nos traicionaba, porque a todos nos era obvio que carecía de sentido proponer más diálogo a un Estado que llevaba varios años caracterizado por negarse a cualquier acuerdo, por hablar sólo el lenguaje de la imposición y el desprecio hacia nuestro pueblo. No supimos entender que esa alusión a “no aumentar la escalada de tensión” era una referencia velada a las amenazas del Estado que ahora sabemos que se habían hecho llegar a los líderes legítimos de Cataluña. Puigdemont y sus consellers no nos traicionaban, sino que intentaban protegernos, evitar el baño de sangre que con toda seguridad habría provocado el Estado. Es normal que, en ejercicio de la responsabilidad de gobierno, no se dijera nada en aquellos momentos, porque sin duda habría significado empeorar la difícil relación con el Estado y, probablemente, justificar nuevas agresiones. Nuestros representantes han demostrado una encomiable entereza manteniendo su silencio mientras se usurpaban nuestras instituciones y se les encarcelaba. Finalmente, ante la continua manipulación mediática ordenada desde el Estado, Oriol Junqueras pidió a su fiel Marta Rovira, cuando ésta fue a visitarlo a la cárcel de Estremera el pasado jueves, que contara la verdad a los catalanes y, ya de paso, para que también la conocieran los engañados ciudadanos españoles.

Naturalmente, como no podía ser de otro modo, tras la entrevista radiofónica en que la Rovira reveló la sangrante verdad, el Estado y sus serviles socios (el club del 155) se han apresurado a tacharla de mentirosa, de asegurar que sus declaraciones son barbaridades absolutamente mendaces. Exigen estos campeones de la falsedad que una mujer cuya honestidad es incuestionable, cuyas convicciones morales han superado ya las más duras pruebas, aporte pruebas de lo que dice. Pero saben de sobra que los mensajes mediante los cuales el Gobierno de Rajoy comunicaba sus asesinas intenciones al de Puigdemont eran transmitidos con absoluta garantía de confidencialidad, sin que en modo alguno pudieran dejar rastro incriminatorio. Esto que te estoy diciendo no te lo estoy diciendo y si te atreves a decir que te lo he dicho, lo negaré y me ocuparé de que quedes como un mentiroso. Así funcionan las advertencias de los Estados opresores a sus súbditos, no seamos ingenuos. Lamentablemente, aunque en un principio la mayoría de las voces del independentismo arropó a Marta, en las últimas horas –presionados sin duda con advertencias de represalias penales (como es habitual en un Estado que persigue la libertad de pensamiento)– dirigentes de la propia ERC han tratado de matizar y “descafeinar” las declaraciones originales. Ya no se insiste en que las advertencias venían directamente del gobierno del PP, sino que se hace referencia a declaraciones de Pablo Casado (alusión a Companys) o de María Dolores de Cospedal ("es misión del Ejército garantizar la soberanía y la integridad territorial de España"). Comprendamos que nuestros dirigentes han de ser cuidadosos ante el riesgo cierto de ser encarcelados; pero que eso no nos engañe: lo que dijo Marta Rovira es completamente verdad. Es un deber patriótico de cualquier catalán creerlo a pies juntillas, sin admitir la mínima duda.



Así que ya sabemos lo que hay. Hasta ahora, con mucha razón, clamábamos que Espanya ens roba. Ya podemos decir que, además, Espanya ens empresona (¿o acaso encarcelando a nuestros representantes no está encarcelando, siquiera simbólicamente, al pueblo catalán?). Hoy sabemos que Espanya ens vol matar; confiemos que nuestra fortaleza y el apoyo de los demócratas españoles impida que algún día tengamos que gritar, con lágrimas de sangre, que Espanya ens mata. Por eso, como también ha dejado claro la Rovira en las mismas declaraciones que motivan este post, ya hemos declarado la independencia, ahora lo que toca es construir la república catalana.

domingo, 19 de noviembre de 2017

Tradición familiar (y 2)

La muerte y embalsamiento del primer Fermín Cubero vino a ser la consagración implícita del destino que aceptábamos todos los miembros de nuestra familia. Alberto Jesús, ya por esas fechas anciano y sobradamente consciente de que pronto habría de acompañar a sus padres y hermanas, dispuso lo conveniente para que la casona se convirtiera en hospedaje eterno (o casi) de todos nosotros. Con buen sentido, comprendió que en pocas generaciones no podrían conciliarse las cotidianas actividades de los vivos con las exigencias del reposo de los muertos. Por eso, instituyó un patronato que habría de ser propiedad común de todos los descendientes legítimos de don Alfonso María, con derecho a voto en las decisiones colectivas a partir de los veinticinco años. Consciente también de que esta costumbre familiar podía ser atacada por sus contemporáneos, configuró el patronato al modo de una sociedad secreta, obligando a que el nuevo miembro, al iniciarse, se juramentase con el resto a guardar el secreto así como a educar a sus hijos en el respeto y amor a los ancestros embalsamados, convenciéndoles desde pequeños de la necesidad de protegerlos (y así protegerse a sí mismo en el futuro). Las previsiones del primogénito del fundador fueron de gran importancia. Según pasaban las generaciones, el palacete de Guadalajara iba acogiendo nuevos inquilinos que, poco a poco, colmaban las distintas estancias. Pero la generosa fertilidad de mis ancestros unida a la implacable lógica del crecimiento exponencial, iba haciendo que la casona de la calle Mayor comenzara a abarrotarse. El 1 de octubre de 1868 –el día en que Isabel II escapaba desde San Sebastián ante el triunfo de la Revolución– se celebró la última reunión familiar en Guadalajara. Sólo asistieron sesenta personas –apenas el 15% de los vivos– que estuvieron acompañadas de unos quinientos antepasados. Al consejo del patronato le quedó claro que al edificio construido por don Alfonso María, pese a sus casi de dos mil quinientos metros cuadrados construidos, no le quedaba capacidad para mucho más tiempo.

En esa reunión fue Luisa Fernanda, la hija mayor de Alberto Jesús, la que asumió el principal protagonismo y marcó el nuevo rumbo que había de adoptarse con los embalsamientos. Desde la silla del presidente del Consejo, cargo que le correspondía como primera de los nietos del fundador (ni siquiera en esos tiempos había misoginia en nuestra familia pero es que, además, aquella señora fue una de las mentes privilegiadas de la época), explicó con voz suave pero cargada de autoridad que había hecho algunos cálculos sobre la dimensión de la familia en las próximas generaciones. Hoy, dijo, la estirpe que fundó mi abuelo Alfonso María ha llegado a la quinta generación, que aún dista de estar completa. Cuando muera el último de nuestros nietos, esas cinco generaciones rondarán la cifra de cinco mil. Para que todos reposemos con las condiciones mínimas de dignidad, necesitaremos una superficie equivalente a seis palacetes como éste. Pero eso no es más que el principio. Para finales de este siglo, vivos y muertos sumarán en torno a los veinticinco mil, y hacia mediados del siglo XX la cifra alcanzará al menos los setecientos cincuenta mil. Es evidente que, por mucho dinero que dediquemos a adquirir edificios que destinemos a residencias póstumas y a contratar personal que se ocupe del mantenimiento de nuestros cuerpos fallecidos, no nos será posible mantener el ritmo frenético de la reproducción y la muerte.

La propuesta que hizo mi antepasada fue una muestra de su sabiduría y sensibilidad. La mansión guadalajareña albergaría a todos los miembros de la tercera y cuarta generación, lo que daba un máximo que rozaba el millar de cuerpos, casi el doble de los actuales pero que, adecuada y ordenadamente dispuestos, podían tener cabida. Pero a partir de la quinta generación, cada núcleo familiar tendría que resolver a su costa la disposición de un inmueble para albergar sus cuerpos. Luisa Fernanda proponía que se adquiriesen casonas de buen tamaño para poder albergar al menos a tres generaciones, pero, en cualquier caso, la decisión y la financiación correrían a cargo de cada unidad familiar. No obstante, el Consejo seguiría existiendo; no sólo aseguraría la necesaria coordinación, sino que también aportaría los servicios especializados de los embalsamientos a cargo, naturalmente, de los Fermines Cubero correspondientes. Como es lógico, y por más que a los miembros de aquel Consejo les doliera la dispersión de los cuerpos a partir de la quinta generación, la propuesta de Luisa Fernanda fue acordada, como mal menor ante la inexorabilidad de los números. Lo cierto es que mi ilustre tatarabuela no exageró en absoluto. Aún a pesar del brusco descenso de la tasa de natalidad experimentado en las dos últimas generaciones, el libro de registro de nuestra familia tiene inscrita a la fecha la apabullante cifra de 2.144.974 descendientes de don Alfonso María.

Porque, en efecto, una de las funciones que ha ejercido y sigue ejerciendo el Consejo del Patronato es llevar el registro de todos los miembros de la familia, apuntando las efemérides de cada uno y, por supuesto, los embalsamientos (fechas y técnicas con que se hicieron, lugar donde reposan, etc). Gracias a ese libro de Registro (en realidad ya vamos por el vigésimo sexto tomo), sé que los muertos hasta hoy han sido 472.496 y 83.396 de ellos no quisieron ser embalsamados. El dato anterior muestra a las claras como la gran mayoría de los fallecidos –más del 82%– expresaron su voluntad de ser embalsamados. Son 389.100 cuerpos que reposan distribuidos en un total de 1.720 inmuebles, localizados en cuarenta y ocho municipios españoles (aún no hay ninguna “casa de reposo” más allá de nuestras fronteras). Cada uno de estos edificios también aparece debidamente registrado en otro libro, con los datos más relevantes. Hay, desde luego, palacetes de grandes dimensiones y no pocos de reconocido valor histórico-artístico; pero también muchas viviendas más modestas o pisos en edificios plurifamiliares. En nuestro caso, se trata de un chalet en una urbanización en el norte del municipio de Madrid; son unos trescientos metros cuadrados en los que ya reposan mis cuatro abuelos, mi padre, tres tíos y un primo que se mató joven en accidente de coche. Los que quedamos vivos completamos tres generaciones y sumamos 50 más, así que cabremos todos ya que hemos fijado el límite en 120 cuerpos (verdad es que en la generación de mis hijos y sobrinos ninguno ha tenido aún descendencia).

Pues nada, en estos breves párrafos he descrito sucintamente nuestra más preciada tradición familiar que, desde hace algunos meses, está gravemente amenazada. Como ya he dicho más arriba, la pertenencia a nuestra familia implicaba la iniciación en estos ritos comunes y, desde el principio, el compromiso de guardar silencio. Esta obligación se extendía también a los cónyuges, si bien en las últimas generaciones y en especial a partir de la legalización del divorcio, ha habido bastantes que no han querido informar a la pareja hasta pasados varios años, con los hijos ya crecidos. Pero, por muchas precauciones que se hayan guardado, la existencia de tantos cuerpos a lo largo de toda la geografía española ha sido descubierta. Sin duda, que tantísimas personas mantengan un secreto es harto difícil; e incluso se pueden imaginar muchos motivos por los que, sin necesidad de que ningún familiar lo delatase, la existencia de los embalsamientos hayan sido desvelada. Más de una vez, durante las dos centurias largas ya pasadas, ha habido indicios de sospechas, por más que cada muerte fuera celebrada con todos los protocolos sociales, entierro en el correspondiente camposanto y más recientemente incineración en el tanatorio, siempre, claro, de ataúdes vacíos. Pero, en todo caso, en cuanto se detectaban los rumores, el Consejo se ocupaba de acallar a quienes los propagaban recurriendo al prestigio familiar y, sobre todo, al bálsamo pecuniario. A principios de los cincuenta, sin embargo, saltó a la luz pública un palacete de la Castellana en Madrid, adquirido a la Falange justo después de acabar la Guerra Civil. Afortunadamente, no había todavía demasiados cuerpos, apenas dos decenas, pero no se pudo evitar el consiguiente escándalo, agravado por la insistencia de dos conocidos jerarcas de la Iglesia. Esos infortunados parientes tuvieron que ser enterrados pero el desastre no pasó de ahí; el Consejo, bien conectado en el Régimen, se ocupó de que se considerara un caso aislado y se olvidara con prontitud.

Lo de ahora, en cambio, sí es una catástrofe de inconmensurable magnitud. Uno de los principales medios de comunicación de este país (periódicos, radio, televisión, internet) ha revelado el nombre de nuestra familia y descrito, con bastante detalle, nuestra tradición embalsamadora. Ha señalado cuatro residencias de reposo y, como no parece conocer otras direcciones, ha sugerido números de cuerpos y de inmuebles que tiene que haber por toda España (y lo cierto es que no ha errado demasiado). Afortunadamente, prefirieron publicar la noticia antes de interponer la pertinente denuncia, lo que nos ha permitido trasladar los cuerpos de esos inmuebles a otros (no eran demasiados). El Consejo, desde luego, ha realizado ya varias gestiones para intentar detener esta investigación, pero sin ningún éxito. Hace dos semanas se celebró una reunión de urgencia del Consejo del Patronato en un clima de tremendo nerviosismo, casi de pánico: no sólo se cernía sobre nosotros el lóbrego panorama de una orden judicial que nos arrebataría nuestros deudos y probablemente los condenase a ser incinerados, sino también el más que probable encausamiento criminal por haber infringido la ley de policía mortuoria. Así las cosas, anteayer el primo tercero que ocupa en la actualidad la presidencia nos llamó a los que conformamos el comité directivo (solo siete) para enseñarnos una carta sorprendente. La firmaba un conocido potentado extranjero y en ella venía a decir que era él quien estaba detrás de la revelación periodística. Escribía que admiraba y respetaba nuestra tradición familiar, la cual conocía desde hacía varios años. Tanto así, que entendía que el embalsamiento, con las debidas garantías (tal como nosotros lo practicábamos), debía ser una opción legal para cualquier ciudadano. Por eso, para provocar un debate público que culminara con la necesaria modificación legal, había decidido poner en conocimiento del público nuestros cuerpos; la magnitud de lo realizado por vuestra familia es el mejor argumento para el cambio en la mentalidad colectiva que propugno, afirmaba. Acababa citándonos este próximo jueves para exponernos los detalles de su estrategia, asegurándonos que saldremos todos beneficiados de la misma.

jueves, 16 de noviembre de 2017

Tradición familiar (1)

Llevamos ya diez generaciones, que se dice pronto. Quien empezó fue mi requetetatarabuelo Alfonso María, disculpen que por motivos obvios no mencione su apellido, básteles saber que era uno de los más ilustres prohombres de la noble ciudad de Guadalajara y que hacia 1770 edificó en la calle Mayor, muy cerca de la actual iglesia de San Nicolás el Real, una casona palaciega acorde con su fama y valía, reconocidas de forma generalizada con la concesión de no pocos cargos y prebendas de las autoridades locales e incluso con los favores del gran Carlos III, que lo honró con su amistad. Cuenta la tradición familiar que don Alfonso María mostró desde muy pequeño fuertes querencias familiares, nota de su carácter que mucho tuvo que deberse a ser hijo único que no llegó a conocer a su madre –murió al darle a luz– y que perdió a su padre a la corta edad de cinco años. Creció al cuidado del único tío materno, canónigo de la Concatedral de Guadalajara y docente en el Seminario de San José. Un cura, por muy cariñoso que fuera con su sobrino, no puede nunca cubrir suficientemente las ausencias paternas, y Alfonso pasó su niñez y adolescencia añorándolos y, en gran medida, inventándolos en su imaginación. Ya mayor, cuando accedió a la fortuna heredada y gracias a su sagacidad financiera supo multiplicarla, empezó a acumular retratos de los ancestros y a sumar a esa pinacoteca particular los de la familia de su mujer; además, según nacían y crecían los hijos –tuvo doce y todos llegaron a adultos– encargaba sus pinturas. Adquirió fama en toda la ciudad de hombre de sólidos valores cristianos y, sobre todo, muy apegado a la familia. Gustaba de asistir a actos sociales –en particular los de naturaleza religiosa– escoltado por su señora y seguido de su numerosa prole y los sirvientes más allegados. Pero también en la intimidad del domicilio, especialmente a partir de la mudanza al palacio de la calle Real, disfrutaba de sentirse arropado por sus hijos, respetándose siempre en esa casa la asistencia inexcusable a las comidas. Incluso cuando los vástagos fueron casándose y formando sus propias familias, don Alfonso exigió –y su orden fue obedecida, desde luego– que todos los domingos siguieran yendo juntos a la misa de doce en Santa María y luego a celebrar el opíparo almuerzo en la casona. Más de una vez sus hijos y nietos le oyeron proclamar que un hombre, para serlo cabalmente, debía tener siempre presentes, junto a él, a los más de sus deudos, y que ojalá esas presencias pudieran ser eternas, sin que la muerte viniera a quebrarlas.

No se sabe a ciencia cierta cómo le llegó al caletre la idea, de qué fuente manó la inspiración, cuál de sus infinitas lecturas provocó lo que nació inquieto cosquilleo y enseguida pasó a convertirse en un firme empeño que fue planificando hasta en sus más mínimos detalles. Decidió mi ilustre ancestro que, a su muerte, su cuerpo habría de ser embalsamado y acomodado “para siempre” en su sillón favorito, en una de las esquinas del salón de fumar de la planta principal. Parece que tan original última voluntad fue comunicándola poco a poco a su mujer e hijos, evitando de tal modo los naturales rechazos ante todo lo que se sale de los usos normales. Con discursos apasionados logró Alfonso María que a sus familiares les repugnara tanto como a él permitir que los cuerpos sufrieran su natural destino, dejar que se pudrieran, que fueran comidos por los gusanos. Imposible es vencer a la odiosa muerte, decía, pero al menos arrebatémosle algunas concesiones. Sé, decía, que ya no seré yo cuando esté embalsamado, pero conservar ese cuerpo casi idéntico al que fue vivo me parece signo obligado de amor y respeto. Aseguraba mi noble antepasado que, a medida que envejecía y ante la certeza de la cercana muerte, su único consuelo era imaginar que seguiría en la vida de sus herederos, partícipe mudo de las alegrías y tristezas familiares. Añadía a sus discursos el incuestionable argumento de que no había solución más eficaz para mantener el recuerdo de los idos. Conocéis lo que me he esforzado en acumular retratos de quienes nos precedieron, pero cuán pobre es cualquier representación pictórica frente al cuerpo eternizado. Cuánto más feliz y plena habría sido mi vida si me hubiera sido posible convivir, ya que no con ellos, tan tempranamente arrebatados, con los cuerpos embalsamados de mis padres. Ese desgarro que siempre he sufrido habría sido mucho menos doloroso con el paliativo de sus presencias físicas, algo que en nada alcanzan a emular frías lápidas en el cementerio o cuadros tristes. En resumen, que mi lejano abuelo convenció tan profundamente a sus deudos que no solo le prometieron que cumplirían su ansiado deseos –y así lo hicieron– sino que, uno a uno, fueron decidiendo que también ellos querrían que sus cuerpos reposaran eternamente (admítaseme la hipérbole) en el palacete de la calle mayor arriácense, todos en pacífica compañía

De modo que cuando murió, don Alfonso María fue debidamente embalsamado, tarea encomendada a Fermín Cubero, a quien mi requetetatarabuelo había encontrado en sus indagaciones sobre las técnicas mortuorias y contratado a perpetuidad al exclusivo servicio suyo y de su familia, haciendo que se despidiera de la más antigua y célebre funeraria madrileña. Fermín era (y sigue siendo como aclararé enseguida) un apasionado de su oficio y, en tándem con su patrón, perfeccionó hasta los límites que permitían los recursos de la época el arte y técnica del embalsamiento. Su primera obra, y ya maestra, fue el propio cuerpo de quien le había posibilitado desarrollar su vocación más allá de lo que había atrevido a imaginar. Don Alfonso María fue, en efecto, aposentado en su sillón Luis XV, el rostro ligeramente ladeado hacia la ventana para recibir los tibios rayos del ocaso. Apenas tres años después falleció doña Almudena y, como ya estaba firmemente acordado, fue también embalsamada y sentada junto a su marido, a quien tanto había venerado. Muertos los patriarcas, Alberto Jesús, el primogénito pasó a ocupar la casona con su mujer y sus no pocos hijos (corrían los primeros años del nuevo siglo XIX y ya había engendrado sus siete retoños). Los otros once hijos de Alfonso María y Almudena se desperdigaron por Guadalajara y fuera de ella, pero mantenían todos el hábito de asistir casi todos los domingos al almuerzo familiar en el palacete de la calle Mayor, visitando así a los padres idos y acostumbrando a los niños –que esos días preñaban los salones de gritos y juegos– a ver con naturalidad a los abuelos. Fermín Cubero, durante esos años, habitaba en la casona con un estatus indeterminado a caballo entre la familia y la servidumbre. Él mismo, aún don Alfonso María vivo, se había preparado en el ático unas estancias que eran a la vez residencia y laboratorio. Poco después de la batalla de Los Arapiles (julio de 1812), Cubero que llevaba casi un año ausente –se rumoreaba que enredado en misteriosas alianzas con patriotas para expulsar al francés– regresó a Guadalajara trayendo de la mano un mozalbete no mayor de trece a quien presentó como su hijo y aprendiz. Aunque nadie le había conocido nunca mujer y para entonces superaba de largo la sesentena, no se le cuestionó al embalsamador la paternidad del que, a partir de entonces, pasaría a ser el nuevo Fermín Cubero y quien, a medida que se hacía hombre, más se iba mimetizando con su presunto padre, hasta el punto que parecía que éste, al envejecer, iba desprendiéndose de rasgos de su identidad para que los adquiriese su hijo.

Hacia 1830 se produjo el primer óbito de la segunda generación. Fue una mujer, María Cristina, la sexta de los hermanos, aunque cambió su nombre al de Sor Anunciación cuando con solo veinte años se hizo monja. No había cumplido aún los sesenta, pero los fríos del convento le provocaron una gripe que derivó a neumonía fulminante que clausuró sus días la misma fecha en que el odiado Fernando VII se casaba con una princesa napolitana y tocaya. Cristi –los hermanos siempre se habían negado a llamarla con el nombre religioso–había pedido a Alberto Jesús ser también embalsamada y reposar en compañía de sus padres. Que la hermana monja, declinara el enterramiento en el cementerio del convento fue objeto de no poco escándalo en aquellos días y alguna que otra escaramuza de las fuerzas eclesiales, lideradas por el confesor de sor Anunciación, quien desde luego nunca fue advertido por su dócil oveja de sus ocultos planes post-mortem; de haberlos conocido mayor habría sido el escándalo y no cabe duda de que hubieran puesto en juego cuantas armas dispusieran para evitar esos propósitos sacrílegos. Pero apaciguados los rumores y malestares, la decisión de Cristi reforzó en los hermanos el convencimiento de que el destino común de sus cadáveres había de ser la mansión familiar. Más aún cuando, en un domingo de almuerzo familiar, hermanos y sobrinos asistieron maravillados a la colocación de Sor Anunciación –estaba vestida con el hábito– enfrente de sus padres. Era tanta la perfección de la obra de los dos Fermines que uno casi la sentía respirar y esperaba que en cualquier momento se alzase de la silla. Fue el último trabajo de Fermín padre, ya octogenario, que vino a morir unos meses después. De más está decir que su cuerpo fue cuidadosamente embalsamado por Fermín Cubero y colocado ante la mesa grande de su taller-laboratorio. Aprovecho para decir que, a partir de entonces, en la casona caracense casi siempre ha habido dos Fermines Cubero, uno padre y otro hijo y aprendiz, y casi nunca ninguna señora Cubero. Siguiendo la pauta marcada por el primero de la saga, apenas hay constancia del nacimiento de ninguno de los sucesivos fermines y todos han pasado con los años a sustituir, casi como copias perfectas, a sus padres. De modo que las distintas generaciones de mi familia hablamos siempre de Fermín padre y Fermín hijo, como si fueran siempre los mismos, como si siguieran existiendo, inmortales, los dos que había a principios del siglo XIX (en la actualidad Fermín padre es un hombre de cuarenta y pocos y Fermín hijo un chaval de diecisiete que apareció en la casona en 2010, pocos meses después de la muerte del Fermín previo).

sábado, 11 de noviembre de 2017

El cajero pródigo

El banco que custodia mis haberes solo tiene un cajero en la Isla y no está precisamente a dos pasos de casa. Por eso, he adquirido la costumbre de sacar 600 euros cada vez, de modo que el efectivo me dure lo más posible (600 euros, por cierto, es el límite diario que tiene mi tarjeta; me han dicho que podría aumentarlo, pero tampoco lo necesito). Como además solo tiro de efectivo para gastos pequeños (el único importante es el pago semanal de la asistenta), entre dos visitas al cajero suele pasar en torno a un mes y medio. Añado que, tras marcar la cantidad requerida y el pin, el cajero me entrega invariablemente diez billetes de cincuenta euros y cinco de veinte. Valgan estas líneas introducción para situar la anécdota que paso a relatar, cuyo primer episodio ocurrió a finales del pasado septiembre.

Eran las siete y media de la tarde –ya había anochecido– cuando me planté en el cajero. Introduje mi tarjeta y seguí los pasos de siempre, tecleando en cifras la cantidad de 600 euros. El cajero hizo el ruido normal de conteo de billetes y expulsó por la abertura inferior un fajo del grosor habitual pero enseguida me llamó la atención que algo era distinto. En vez de los acostumbrados billetes de 50 y 20 euros tenía en mis manos diez de 500 y cinco de 200: ¡6.000 euros! Aluciné, claro, pero solo unos segundos, porque enseguida, por acto reflejo, me metí el fajo en el bolsillo e, intranquilo, eché una mirada en derredor. Seguía ahí de pie, sin salir aún del estupor, cuando escuché el doble pitido, sonido que me advierte de la llegada de un sms. Como ya sabía, era el mensaje del banco que me informaba de que había hecho una disposición en efectivo, pero la cantidad que aparecía era de 600 euros. Pedí entonces los últimos movimientos al cajero y, en efecto, constaba el egreso de 600 euros desde mi cuenta, para nada de seis mil. Seguir allí parado como un pasmarote no tenía ningún sentido; con la sensación de haber cometido algún delito por el que en cualquier momento podían detenerme, caminé a pasos rápidos hacia el coche, arranqué y regresé a mi casa. Una vez “a salvo” extendí los billetes sobre la mesa de la cocina: no lo había soñado, allí estaban uno a uno los diez billetes lilas y los cinco amarillentos.

Pasé mala noche, sobresaltado con sueños extraños que me provocaron dos o tres despertares con confusas ansiedades. No merece la pena este desasosiego, decidí por la mañana, de modo que después del ineludible desayuno funcionaril, me di un salto hasta la oficina del banco y pedí hablar con el director. Ayer saqué dinero del cajero, le dije, pero me dio más de lo que había pedido. El hombre, bastante más joven que yo, me pidió el DNI, tecleó en el ordenador y con tono levemente sabihondillo me contestó: usted sacó seiscientos euros, ¿cuánto había solicitado? No, repliqué, seiscientos fueron los que pedí, lo que me dio fue más, bastante más. Hubo un lapso silencioso, adiviné que el tipo se daba cuenta de que no quería declarar la cantidad que el cajero me había entregado y que especulaba sobre mis motivos. Al cabo se concentró en su ordenador y tras unos tecleos y apuntes a bolígrafo en un papel me informó de que el programa de control del cajero dejaba constancia de que había sacado, a las 19:36 del día anterior, 600 euros. Es la única disposición por esa cantidad de ayer por la tarde, dijo, esa es la hora en que la hizo usted, ¿verdad? Sí, contesté, pero le repito que no fueron 600 euros. Opté por empezar a enseñar mis cartas: cada vez que vengo saco seiscientos y el cajero me entrega billetes de 50 y de 20, pero ayer había billetes de 200. No, no, me interrumpió raudo el director, en el cajero no se ponen billetes mayores de cincuenta. ¿Y no pudo haberse equivocado el que lo cargó? Por supuesto que no, es absolutamente imposible, no puede usted imaginar lo riguroso que es el protocolo que observamos. Se hizo un silencio tenso. Me daba cuenta de que mi interlocutor no me creía en absoluto, que se estaba preguntando qué interés podía yo tener en contarle semejante patraña –tendría lógica si hubiera ido a decir que me habían dado menos–. Entonces, le dije, el cajero no ha podido entregarme billetes mayores de 50. Así es, contestó. Entonces, insistí, del cajero ayer solo saqué 600 euros y esa es la cantidad que figura y figurará como cargo en mi cuenta. Así es, repitió. Me planteé pedirle que me certificara por escrito que había ido esa mañana a la oficina y le había contado esa historia y que él me había asegurado lo que me había asegurado. Pero pensé que sería pasarse y quizá hasta contraproducente. Así que me levanté, le tendí la mano y me despedí diciéndole que no entendía nada de nada. Supongo que el tipo se mordió la lengua para no recomendarme que visitara al psiquiatra.

Como dije han pasado seis semanas. Ese día, al volver a mi casa, separé tres billetes de 200 (lo que había pretendido sacar y lo que me habían cargado en la cuenta) y guardé los 5.400 euros restantes en un sobre que escondí en el fondo de una gaveta. Comentaré, de pasada, que no me fue nada fácil cambiar esos billetes amarillos, con los que, desde luego, no podía pagar el bocadillo y zumo de naranja de todos los días en el bar de los uruguayos. Pero, aún con esfuerzos y trucos (a la mujer de la limpieza, por ejemplo, le pagué de golpe cuatro semanas con uno de los billetones), he ido pagando mis gastos más o menos igual que los pagaba anteriormente. Además, a medida que disminuía ese efectivo inicial de 600 euros, comprobaba con frecuencia que no apareciera en mi cuenta corriente ninguna sorpresa desagradable. Ayer ya casi se me había acabado el dinero y nada raro había pasado en mi saldo bancario. Regresé pues al único cajero de mi banco, más o menos hacia la misma hora que hace mes y medio. Inserté la tarjeta y tecleé retirada de efectivo, 600 euros, mi pin; volví a escuchar el ruido de los billetes; el cajero me devolvió la tarjeta … Miré hacia la abertura inferior: empezaron a asomar los billetes.

martes, 7 de noviembre de 2017

El derecho a decidir del pueblo catalán (1)

Este pasado fin de semana he estado intentando descubrir cuáles son los argumentos en los que apoyan los soberanistas catalanes (pero también Podemos y sus confluencias) que el pueblo catalán tiene el derecho a decidir su organización política, incluso el conformarse como Estado. Lo cierto es que no he encontrado tales argumentos. Como ya he analizado en dos posts anteriores, el sujeto del derecho a decidir son los pueblos, esto es, colectivos humanos auto-reconocidos y reconocidos como tales (como pueblos). Aunque ya he dicho que me chirría bastante, podría estar dispuesto a asumir que existe un ente llamado pueblo catalán y que los componentes de ese sujeto colectivo son los ciudadanos residentes en una entidad territorial de naturaleza político-administrativa denominada, en la actualidad, Comunidad Autónoma de Cataluña. Nótese que lo que acabo de decir ya es bastante aceptar, porque supone que el pueblo catalán es ése y que, por tanto, no existe un pueblo ampurdanés, por ejemplo; es decir, los ciudadanos del Ampurdán, en su conjunto, no son sujeto del derecho a decidir su organización política, no tienen derecho a la autodeterminación. O sea –como ya dije en el post anterior– los pueblos existen antes que los individuos que los constituyen (y que, en tanto individuos, son los que llevan a la práctica el ejercicio del derecho colectivo de autodeterminación mediante el acto individual de votar). Habremos de convenir es que todo esto suena un tanto místico (me recuerda ese concepto católico tan bonito del Cuerpo místico de Cristo: al igual que los católicos son miembros de la Iglesia eterna e indivisible en tanto cuerpo místico de Cristo, los catalanes –aunque hayan nacido en Jaén, porque un catalán, como un vasco, nace donde le da la gana– son miembros de esa Cataluña eterna e indivisible). Pero, como digo, aceptemos pueblo catalán como animal de compañía, perdón, como sujeto colectivo del derecho a decidir.

Los derechos, individuales o colectivos, son pactos que resultan de la evolución de los valores de la sociedad y se consagran mediante su reconocimiento en textos jurídicos, nacionales o internacionales. Yo no comparto ese voluntarismo ingenuo de quienes sostienen que los derechos son conclusiones lógicas o naturales. Desde luego, sí creo que hay bases racionales en los derechos (al menos, en la mayoría de ellos) y que desde siempre ha habido personas que, como precursores, han defendido que se reconocieran como derechos los que aún no existían como tales (por ejemplo, los abolicionistas). Pero cualquier derecho, por muy lógico y natural que ahora nos parezca, no pasa a ser tal hasta que está sancionado en algún texto jurídico. Pues bien, es verdad que existe un derecho a la libre determinación de los pueblos proclamado en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 y suscrito por el Estado español en 1977. Ahora bien, ese derecho surgió para posibilitar la autodeterminación de pueblos en situación colonial u oprimidos por las mayorías del Estado en el cual se integran. La Declaración de Viena de 1993 dejó claro que no se puede interpretar este derecho para justificar cualquier acción que menoscabe la integridad territorial de un Estado soberano e independiente que posea un gobierno que represente a todos los ciudadanos sin discriminaciones. De otra parte, distintos trabajos del Comité sobre Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa dejan claro que, de momento, el Derecho Internacional no reconoce el derecho a la autodeterminación de pueblos integrados en Estados democráticos europeos. Por tanto, debe decirse con rotundidad que el pueblo catalán no tiene reconocido en ninguna norma ni española ni internacional el derecho de autodeterminación, el dret a decidir.

La reivindicación de ese presunto derecho a decidir tiene su origen –al menos en lo que se refiere al procés (en curso, porque dista de estar acabado como repiten sin cesar diversos “analistas políticos” en las televisiones y radios)– en la manifestación ocurrida en Barcelona en la tarde del sábado 10 de julio de 2010 (más de un millón de asistentes, según los organizadores). Si bien estaba convocada para protestar contra la sentencia del Tribunal Constitucional que recortaba y enmendaba el Estatut aprobado en referéndum, ahí fue cuando bajo el lema Som una nació, nosaltres decidim se arrojó al juego político y, sobre todo, buscando involucrar masivamente a la población, el planteamiento independentista. Pocos meses después, a finales de noviembre de 2010, se celebraron las elecciones al Parlament, con la crisis económica ya en toda su crudeza y una percepción de anticatalanismo en gran parte de la población; estos dos factores fueron, seguramente, los principales en la relevante subida de Convergencia y Unión y el consiguiente acceso de Artur Mas a la presidencia de la Generalitat. En el programa electoral de CiU de aquellas elecciones aparece ya escrito el dret a decidir que, sin embargo, todavía no hablaba expresamente de independencia: “Coherentes en entender Cataluña como una nación y en situar la democracia como un valor absoluto, apostamos por el derecho a decidir para alcanzar las cotas de autogobierno que el pueblo de Cataluña reclama y necesita”. Y también hablaban de que reclamaban la plena soberanía, pero la limitaban al ámbito financiero y proponían el modelo del concierto económico con el Estado.

Pese a esa ambigüedad calculada, en su debate de investidura Mas anunció ya su voluntad de que Cataluña iniciase su propia “transición nacional”; defendió el derecho a decidir pero aseguró que, de momento, no pensaba en convocar un referéndum de autodeterminación sino que se centraría en alcanzar acuerdos con el Estado en materia económica y fiscal. El 25 de julio de 2012, el Parlament aprueba una propuesta del Govern para negociar un nuevo acuerdo de financiación con Madrid. En septiembre, Rajoy rechaza ese modelo, lo que le da pie a Artur Mas para declarar que se había roto la última oportunidad para un encaje de Cataluña en el Estado. En paralelo, durante ese año 2012, el independentismo había ido progresando significativamente y varios entes locales acordaron mociones a favor de la independencia y se declararon “territorios catalanes libres”. La Diada de ese año fue la más multitudinaria hasta la fecha y tuvo por lema Catalunya, nou estat d'Europa. Así las cosas, a iniciativa de CiU y con la presión de Esquerra, el Parlament aprobó el 27 de septiembre de 2012 la Resolución 742/IX sobre la orientación política del Govern, que me parece que es la primera norma legal (aunque se limita a instar al Gobierno de la Generalitat) en la que se “proclama solemnemente el derecho imprescriptible e inalienable de Cataluña a la autodeterminación, como expresión democrática de su soberanía como nación” y, además, ya diciendo con claridad que se abre un proceso para convertirse en un nuevo Estado de Europa.

Ahora bien, en esta Resolución no hay ninguna argumentación para justificar la legitimidad jurídica de ese presunto derecho a decidir. Tal ausencia sumada a que el texto se inicia refiriéndose a los masivos y pacíficos anhelos independentistas de los ciudadanos de Cataluña, pare sugerir que el Parlament asume que el derecho nace del simple hecho de que los catalanes quieren tener ese derecho. Este argumento, a mi modo de ver, es el que subyace en todo el proceso de estos últimos años y, además, ha resultado ser muy eficaz, mucha gente (mucha más de la que quiere que Cataluña sea un Estado independiente) lo ha comprado con convencimiento. Ciertamente, como astutamente repiten hasta la saciedad los líderes catalanes, una vez asumido por todos que Cataluña es un sujeto colectivo, es fácil defender que, como tal, tiene derecho a decidir cómo quiere organizarse políticamente, incluyendo la secesión del Estado. ¿Acaso es lícito en una sociedad democrática obligar a los pueblos de España a estar integrados en el Estado? No voy a entrar ahora a discutir los más que abundantes sofismas que se cuelan en este discurso, aparentemente democrático; lo que me importa es insistir en su tremenda eficacia comunicativa, convence sin demasiado esfuerzo (entra bien) mientras que, por el contrario, explicar sus falacias requiere mucho trabajo. Pero es que, además, lo mismo que he sostenido que los derechos son los que están aprobados en textos jurídicos (y, por tanto, Cataluña no tiene en la actualidad ese dret a decidir que proclaman repetidamente), digo también que, justamente por eso, lo que hoy no es un derecho puede pasar a serlo mañana. Tal es precisamente, creo yo, la estrategia de los planificadores del procés: convencer al mayor número posible de personas (en Cataluña, en España y en Europa) de que existe un derecho a la autodeterminación para que, entonces, se admita –probablemente por Europa– que “un pueblo” en el que se cumplen ciertos requisitos tiene ese Derecho. He encontrado indicios de que por ahí podrían ir los tiros en un futuro no demasiado lejano, pero antes de contarlo prefiero seguir rebuscando los argumentos que durante estos últimos tiempos han ido esgrimiendo los independentistas. En el siguiente post seguiré a partir de la X legislatura, la que se inició tras las elecciones autonómicas del 25 de noviembre de 2011, una vez que Artur Mas, tras dar el banderazo de salida al procés disolvió el Parlament.

domingo, 5 de noviembre de 2017

Presos políticos

Para mí, preso político era aquél encarcelado por sus ideas. Como en la actualidad, cuando se ordena prisión contra alguna persona, suele imputársele algún delito que esté tipificado en el correspondiente texto legal, y como además, en los países de nuestro entorno ya no están penalizadas las opiniones o ideas, resulta en principio muy difícil sostener que pueda haber presos políticos. Habría que demostrar que las imputaciones al presunto preso político de delitos tipificados no son sino artimañas legales para ocultar la verdadera motivación del encarcelamiento, que no es otra que las ideas que defiende y proclama son contrarias y peligrosas para los intereses del Poder, del sistema político y/o social constituido. Bajo estas consideraciones, carece de fundamento defender que Oriol Junqueras y los restantes miembros del destituido Govern son presos políticos. Los cargos que les imputa el fiscal tienen aparentemente suficiente justificación (unos más y otros menos) como para que sea razonable entender que estas personas pueden haber infringido algún que otro precepto del código penal. Es más, estoy convencido de que durante sus actuaciones estos señores sabían perfectamente que estaban incumpliendo el ordenamiento jurídico vigente. Que esas presuntas infracciones las cometieran en razón de sus ideas nadie lo discute, pero tampoco debería discutirse que de lo que se les acusa es de haber cometido delitos, no de pensar cómo piensan.

No obstante, la orden de prisión provisional incondicional de los exconsellers (a la que hay que sumar la anterior para los dos Jordis) ha disparado el mantra de que se trata de presos políticos. Naturalmente, esta grave afirmación la sostienen todos los partidos independentistas, pero también los de Podemos y sus afines. Por supuesto, en casi todas las declaraciones que han infestado los medios desde el pasado viernes, se prescinde de argumentar los porqués. Al fin y al cabo, dar razones (dirigirse a la inteligencia de los oyentes) no interesa a nadie; de lo que se trata es de acuñar titulares con la mayor carga emocional posible. Recurramos a twitter para recolectar algunas muestras: “Me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores. No queremos la independencia de Cataluña pero hoy decimos: libertad presos políticos” (Pablo Iglesias, 2/11); “Dia negro para Catalunya. El gobierno elegido democráticamente en las urnas, en la cárcel. Hacer frente común para conseguir la libertad de los presos políticos” (Ada Colau, 2/11); “Hoy juzgan a la Mesa del Parlament por permitir que los debates de la calle entren en nuestras instituciones. Toda la solidaridad” (Xavier Domenech, 2/11); “És el Estado quien tiene el reto de demostrar que es demócrata: que deje a los presos en libertad para que puedan concurrir a las elecciones con normalidad” (Marta Rovira, 3/11); “Españoles, os hablan de los catalanes mientras os quitan las libertades. Preguntaos quiénes serán los siguientes” (Gabriel Rufián, 3/11); “El legítimo gobierno de Cataluña encarcelado por sus ideas y por haber sido leales al mandato aprobado por el Parlament” (Carles Puigdemont, 2/11). Ciertamente, estos mensajes han calado en gran parte de la población catalana (y también en no pocos españoles de otras regiones) y la frase “Libertad para los presos políticos” se ha convertido en una pancarta común de múltiples manifestaciones, con enorme potencia comunicativa, sin duda.

Ahora bien, buscando sobre este asunto, descubro que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en base al informe encargado al alemán Christoph Strässer (político alemán del SPD que fue Comisionado del Gobierno Federal para Política de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria), aprobó el 3 de octubre de 2012 la Resolución 1900 titulada “Definición de preso político”. Según compruebo en la web de la Asamblea, la Resolución no fue aprobada por unanimidad (100 votos a favor, 64 en contra y 12 abstenciones) y entre los que se opusieron se contaron los parlamentarios españoles del PP y los de Convergència Democràtica de Catalunya (Eva Parera y Jordi Xuclà); no he podido descubrir en qué aspectos concretos disentían del texto que se aprobó. En todo caso, dado que a esta Asamblea se le reconoce muy alta autoridad doctrinal en materia de derechos humanos y democracia, ha de considerarse esta Resolución como la referencia más importante sobre qué es (y qué no es) un preso político. La definición aprobada dice textualmente que se es preso político en las siguientes circunstancias:
  1. Si la detención se ha realizado violando alguna garantía fundamental establecida en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus protocolos. En particular, libertad de pensamiento, conciencia, religión, libertad de expresión o información, libertad de reunión o asociación.
  2. Si la detención obedece a razones puramente políticas sin conexión con ningún delito tipificado.
  3. Si, por motivos políticos, la duración de la detención o sus condiciones son claramente desproporcionadas con respecto al delito del que se ha declarado culpable o se sospecha que fue cometido.
  4. Si, por motivos políticos, el sujeto es detenido de manera discriminatoria en comparación con otras personas
  5. Si la detención es el resultado de procedimientos claramente injustos y ello pudiese estar relacionado con los motivos políticos de las autoridades.
O sea, que mi idea de preso político se correspondía con uno de los supuestos de la definición de la Asamblea europea; pero hay otros cuatro que, de darse, justifican que se califique al correspondiente preso como político. Así que lo que habría que hacer es revisar las circunstancias acaecidas en la detención de Junqueras & Co a la luz de esta Resolución y comprobar si puede afirmarse claramente que la misma no encaja en ninguno de los otros cuatro supuestos. Pues bien, parece que la fulgurante actuación judicial –del fiscal y de la juez– está llena, en opinión de no pocos juristas, de “agujeros negros” que quizá no permitan concluir tajantemente que se ha caído en alguno de los supuestos de la Resolución pero que dan pie suficiente a aquéllos que quieren sostenerlo. En este artículo se hace una relación de los diez defectos jurídicos más flagrantes del procedimiento iniciado por José Manuel Maza. Así, se señala que la precipitada citación (menos de dos días y además festivo) podría haber negado las garantías de defensa y violado los derechos fundamentales de los investigados. De otra parte, ni el fiscal ni la magistrada han respetado la norma no escrita por la que las actuaciones judiciales han de ralentizarse en los tiempos previos a unas elecciones para evitar perjuicios a los candidatos. En tercer lugar, parece que la Audiencia Nacional no es competente en delitos de rebelión, según este mismo Tribunal dictaminó en 2008. Además, la jueza no pondera adecuadamente los factores que determinan la prisión provisional que podría ser una medida injusta y desproporcionada (no se olvide que tiene carácter excepcional en base a supuestos tasados). Y así, hasta diez puntos que arrojan bastantes dudas sobre la corrección jurídica de los escasos pero muy efectistas trámites que se han sucedido hasta la fecha.

Así que con esta actuación judicial vuelve a ocurrirme lo mismo que con la aplicación del artículo 155: que no me atrevo a asegurar que sea incorrecta (ilegal) pero sí me da la impresión de que podría haberse hecho bastante mejor. Y estas carencias, además de mostrar la mediocridad de nuestros políticos y de nuestros jueces, resulta tremendamente grave porque debilita la posición del Estado, porque da credibilidad al discurso victimista de Puigdemont. Quien piense que eso no es grave, es que aún no se da cuenta de que ésta es una batalla mediática, cuyo objetivo es convencer, aumentar cada vez más el número de convencidos, en Cataluña, en España y en Europa. Hay que hacer cumplir la Ley (y sancionar a quienes la incumplen), por supuesto. Pero todo ello hay que hacerlo de modo que no se den nuevos motivos para reforzar la verosimilitud del relato, que nadie pudiera tomarse en serio que las personas encarceladas lo han sido por motivos políticos. En todo caso, a lo hecho pecho y ahora sólo cabe esperar que las distintas instancias judiciales que van a entrar en juego (entre ellas las belgas) no dejen en entredicho la movida del tándem Maza-Lamela. Si así ocurriera, nos situaríamos en un escenario poco esperanzador para avanzar hacia la resolución pacífica de este conflicto. No puedo evitar la desagradable desazón de ver cómo parece que todos –españolistas y catalanistas– se empeñan en la destrucción mutua.

jueves, 2 de noviembre de 2017

Daniel Viglietti

Ha muerto Viglietti. En Montevideo, donde nació, donde vivía desde que regresó de su exilio en 1984. Ha muerto, leo, de complicaciones durante una operación, parece que cardiaca. Tenía 78 años.


Lo conocí en el otoño de 1973, yo era un crío de catorce años, él tenía 34 y ya lo habían echado del Uruguay (eran los inicios de la Dictadura). Lo descubrí entre la pila de elepés que guardaba mi padre en su despacho, debajo del viejo pick-up Phillips. El disco era Canciones para el Hombre Nuevo (1968) y muchas de ellas, casi todas, se me grabaron indelebles en la memoria, hasta hoy.


Era, desde luego, un disco revolucionario, integrado en lo que entonces se llamaba la canción protesta latinoamericana. En el despacho de mi padre había no pocos otros elepés de ese movimiento: Violeta Parra, Víctor Jara, Quilapayún, Alfredo Zitarrosa, Atahualpa Yupanqui … Curioso, porque mis padres nada tenían de izquierdosos. Luego, en casa de un amigo con hermanos ya universitarios, escuché más canciones de Viglietti.


En junio de 2010, viajé a Montevideo, para participar en un congreso. Uno de los organizadores, que había estado meses antes en Tenerife y con el que había trabado amistad, me invitó a una reunión de amigos en su casa. Y allí estaba, sí, me lo presentaron y casi no pude articular palabra, por un momento me sentí el chavalín adolescente que se sentaba en el suelo frente al único altavoz de aquel tocadiscos. Daniel –por su nombre me pidió que lo llamara– no estuvo mucho tiempo, tampoco habló mucho. Pero, acompañado por su guitarra, nos cantó su Milonga de andar lejos, precisamente de ese LP. No me avergonzó notar que se me escaparon algunas lágrimas nostálgicas.


Recuerdo ahora aquella velada y la veo tan nítida que me cuesta creer que han pasado ya más de siete años. Y ayer, de casualidad, navegando por internet, me entero de que el lunes murió Daniel. Me apeno, me emociono, siento un pequeño pinchazo en el alma. Se fue Viglietti. No se me ocurre mejor cosa que ponerme a escuchar, por enésima vez, esas canciones para el hombre nuevo, que, me temo, no llegó nunca a nacer (supongo que estas letras y músicas poco han de decir a los jóvenes de estos días).

miércoles, 1 de noviembre de 2017

Disminuirá el independentismo, Casado dixit

Ayer por la tarde noche conducía escuchando la radio –Cataluña, todo el rato Cataluña–. En el programa 24 horas de RNE Miguel Ángel Domínguez entrevistaba a Pablo Casado, vicesecretario de comunicación del Partido Popular. Casado cree que el independentismo va a bajar y se basa en dos motivos. El primero sería que han quedado demostradas según él todas las mentiras de que iban a vivir en la Arcadia feliz sin salir de Europa. El segundo, que se ha visto que el Estado tiene los mecanismos para evitar la sedición en cualquier territorio de España. Oír esta argumentación de la boca de un dirigente del PP, sin sorprenderme, reafirma mi idea de que mal vamos con este Gobierno. Porque pienso que estos dos factores no van a provocar que el porcentaje de independentistas en Cataluña disminuya, sino yo diría que más bien al contrario.

Desde luego, los dirigentes catalanes han mentido a sus ciudadanos (o a sí mismos). La mentira consistió en vender que Cataluña puede convertirse en una república independiente contra la legislación española. Pero no necesariamente es mentira que una Cataluña independiente, de forma pactada con España y por tanto integrada en Europa, pueda ser un Estado perfectamente viable en el que sus ciudadanos vivan igual o mejor que en España. Lo que los catalanes han comprobado tras este disparatado procés ha sido que el Estado español no está dispuesto a permitir que la Generalitat incumpla la Ley (lo cual han vendido como que el Estado no permite que los catalanes decidan y desprecia las decisiones de sus instituciones). Si yo fuera catalán e independentista –o, al menos. dubitativo– no creo que lo que ha ocurrido (o los dos motivos que esgrime Casado) me convencieran para dejar de serlo. Me parece más probable que me reafirmara en mis querencias aunque pensara que conviene cambiar de estrategia, que hay que esforzarse en aumentar el número de independentistas y forzar a que el Estado admita los cambios legales pertinentes.

De hecho, los últimos acontecimientos no han reducido el número de independentistas. El Centre d’Estudis d’Opinió publicó ayer los resultados del Barómetro de Opinión Política, a partir de las encuestas domiciliarias realizadas entre el 16 y el 29 de octubre (es decir, en el periodo comprendido entre el ingreso en prisión de los Jordis y la aplicación del 155 más la supuesta declaración unilateral de independencia). La pregunta 31 del cuestionario es si quiere que Cataluña se convierta en un Estado independiente y responden que sí el 48,7% de los encuestados y que no el 43,6% (el 52,7% y el 47,3% respectivamente si prescindimos de quienes no sabían o no contestaban). En encuesta anterior, del mes de junio, esos porcentajes eran 41,1% y 49,4% (45,5% y 54,5% descontando los que no responden expresamente). Así que los factores que Casado prevé que harán reducir el número de independentistas han producido más bien lo contrario. Lo cierto es que –siempre según el CEO–, el porcentaje de catalanes que entre las cuatro opciones de la pregunta 30 (quiere que Cataluña sea una región de España, una Comunidad Autónoma, un Estado dentro de una España Federal o un Estado independiente) prefiere la cuarta ha ido creciendo de forma sostenida (aunque con altibajos) desde el 14% de marzo de 2006 al casi 50% de la última encuesta. Si nos fijamos en la gráfica, la clara inflexión ascendente se produce a los pocos meses del gobierno de Rajoy.

Hay pues indicios suficientes para pensar que, en relación con los catalanes, los chicos del PP no están precisamente fomentando afectos hacia España, sentimientos de integración en el Estado. Más bien cabría sostener que han propiciado, por el contrario, la desafección, lo que sin duda ha sido aprovechada por los dirigentes soberanistas. Pero este diagnóstico no es nuevo, se lleva repitiendo hasta la saciedad desde hace tiempo. Sin embargo, no parece que Rajoy y los suyos se hayan enterado, a la vista de la respuesta que dio ayer Casado a la pregunta de qué habían hecho mal desde el Gobierno. A la joven promesa pepera tan sólo se le ocurrió decir que quizá el fiarse de los nacionalistas. Ya estamos acostumbrados a que los políticos se nieguen obcecadamente a reconocer errores, así que prefiero pensar que probablemente sí sabrán cuáles de sus actos han contribuido a aumentar el número de independentistas. Pero pareciera que piensan que no deben corregir su línea de actuación, no sé si porque creen que la tendencia alcista del sentimiento independentistas se va a quebrar o porque consideran que deben seguir así incluso aunque siga aumentando el independentismo. La primera hipótesis no parece en principio acertada, al menos a corto plazo (quizá a largo, pero lo dudo). La segunda es la que más me cuadra con el estilo y carácter del PP y, a mi modo de ver, es una grave irresponsabilidad que contribuirá a ahondar la fractura entre Cataluña y el resto del Estado hasta un grado irreversible.

Opino que a estas alturas cualquier gobierno de España debe poner entre sus máximas prioridades lograr revertir la tendencia alcista de los sentimientos independentistas entre los catalanes. No me da la impresión de que ésta sea una prioridad del actual gobierno; diría que ni siquiera entre la mayoría de la población española. Un territorio en el que la mitad (más o menos) de la población quiere separarse del Estado está en una situación de fortísima inestabilidad; pero si en unos años ese porcentaje vuelve a tener un subidón como el vivido entre 2011 y 2013 y se coloca en torno al 70-75%, se cambiará la Constitución para reconocer el derecho de autodeterminación y Cataluña se convertirá en una república independiente con el visto bueno de España y de Europa. La culpa no será sólo del PP, claro, pero también.

Nota: Me descargué el postcad de la entrevista de ayer a Pablo Casado; luego corté el mp3 para dejar solo la parte que es objeto de este post (entre los minutos 20 y 26 aproximadamente); la subí a box.com, servidor que he usado varias veces en este blog; y finalmente inserté el widget para el audio se insertara en el post. Pero, no sé por qué, no funciona. Ai que quien quiera escuchar la entrevista no tiene más que pinchar este link.

martes, 31 de octubre de 2017

Evocando las Constituyentes


El 1 de agosto de 1977 se designó la Ponencia que habría de redactar el anteproyecto de Constitución. De los siete que pasarían a ser los Padres de la Constitución, dicho sea de paso, cinco no habían cumplido aún los cuarenta años y el mayor de ellos, Fraga Iribarne, empezó los trabajos con solo cincuenta y cuatro (aunque ya con largo recorrido en la política). Estos próceres se reunieron 29 veces hasta acabar, poco antes de la navidad de 77, la redacción del Anteproyecto de Constitución, que se publico en el Boletín de las Cortes de 5 de enero de 1978. El que ahora es el artículo 155 era en ese primer texto el 144 y era muy similar al que finalmente entró en vigor pero de redacción algo más breve; decía así:

1. Si un Territorio Autónomo no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otra ley le imponga respecto del Estado, el Gobierno, con la aprobación del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar al Territorio Autónomo al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior el Gobierno puede dar instrucciones a todas las autoridades de los Territorios Autónomos.

En ese Boletín se recogen también los votos particulares de los ponentes y, entre ellos, es muy interesante el de Fraga, que propuso una “enmienda a la totalidad” al Título VII sobre Territorios Autónomos (todavía no se había acuñado el término “Comunidades Autónomas”). El fundador de la entonces Alianza Popular proponía un modelo de organización territorial en el que las competencias de los entes autónomos eran mucho más limitadas que las que se aprobaron. Pero, a los efectos de lo que ahora nos interesa paso a reproducir el texto del artículo que sería el equivalente al que ahora es el 155; decía así:

1. En casos graves, el Gobierno podrá acordar la intervención de una región autónoma, dando cuenta inmediata a las Cortes.

2. Las medidas de intervención pueden comprender:
  • a) La suspensión de uno o más órganos de la región.
  • b) La designación de un Gobernador general, con poderes extraordinarios.
3. La intervencion deberá acordarse por Decreto motivado, y da lugar automáticamente a un debate sobre la cuestión de confianza en el Congreso.
 
4. El Decreto ha de especificar el plazo de la intervención, conectándolo con una convocatoria electoral.
 
5. Si fuere necesaria la declaración de alguno de los estados del excepción previstos en el Título XI, no podrán celebrarse elecciones antes de su levantamiento.

No han quedado documentadas las discusiones que debió haber entre Fraga y los otros ponentes, aunque no hay duda de que todos ellos rechazaron su propuesta. Pero tuvo ocasión de debatir esa enmienda global a la organización territorial del Estado en la sesión plenaria del Congreso del 18 de julio de 1978. El debate ocupa cuarenta páginas del Boletín Oficial de las Cortes correspondiente y, por lo que veo, debió llevarse parte de la mañana y casi toda la sesión de tarde. Le contestaron Txiki Benegas (PSOE), Miquel Roca (Minoría Catalana), Tierno Galván (Grupo Mixto), Martín Toval (Socialistas de Cataluña), Arzalluz (del PNV), López Raimundo (del Partido Comunista), Meilán Gil (de UCD), Felipe González (del PSOE). Sometida la enmienda a votación tan solo obtuvo 17 apoyos (los 16 escaños de AP y uno más). Releyendo estos días las intervenciones de aquellos diputados, se sorprende uno de qué poco han cambiado estas cosas en cuatro décadas y, al mismo tiempo, dan ganas de recomendar a los actuales políticos que revisen lo que entonces se decía antes de soltar tanto tópico hueco y falto de la necesaria reflexión.

Ese debate de hace casi cuarenta años ha sido evocado en las alegaciones contra la aplicación del artículo 155 que el pasado jueves 26 presentó Puigdemont al Senado. Lo que vino a sostener el exPresident es que las medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy suponen un exceso de los límites que impuso la Constitución y, además, contrarias a su espíritu. De hecho, si bien Rajoy ha insistido en que sus medidas no implican la suspensión de los órganos de la Autonomía catalana, lo cierto es que las mismas parecerían encajar mejor si el precepto constitucional fuera el que propuso Fraga que el que finalmente se aprobó.

Tras esas alegaciones, los senadores de ERC y PDeCAT presentaron un recurso de amparo contra las medidas al Constitucional, pero el Alto Tribunal rechazó su admisión al observar “manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo”. Por otro lado, antes de su cese, el Govern anunció la presentación de una batería de recursos (tanto al Supremo como al Constitucional) contra las medidas. Supongo que, aunque ya no puedan presentarlos como institución autonómica, estos recursos llegarán (o habrán llegado ya) a los respectivos Tribunales y también que no pasará mucho tiempo hasta los correspondientes pronunciamientos jurisprudenciales (ojalá sean tan raudos como con las sentencias sobre las múltiples normas inconstitucionales aprobadas por el Parlament). 

Espero con interés leer esas sentencias y confío en que sean ponderadas y convincentes. Y es que, a mi modo de ver, las medidas adoptadas por el Gobierno no son jurídicamente todo lo sólidas que me habría gustado que fueran. Una vez asumidas, el TC no debería caer en la tentación de forzar una interpretación del 155 con el objetivo de legitimarlas, dando pie a que se refuerce la idea –tan repetida entre los independentistas– de que no es un órgano independiente y neutral. No digo que las medidas de Rajoy hayan de ser declaradas inconstitucionales, pero si no es así el TC debe esforzarse en lograr una argumentación clara y convincente. Y téngase en cuenta, además, que esa sentencia será fundamental en la definición del marco de las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas y en el debate que sin duda habrá que abrir (ya no parece evitable) sobre la revisión del modelo de organización territorial de España.

lunes, 30 de octubre de 2017

¿Declaración sí o declaración no?

El pasado viernes 27 de octubre , en el Parlament, con la ausencia de los representantes de C’S, PSC y PP, se declaró unilateralmente la independencia de Cataluña. Muchos vimos la retransmisión de tan “histórica” jornada: cómo fueron llamados los parlamentarios a depositar su papeleta en una urna sobre la mesa de la Presidencia (porque el voto fue secreto), cómo luego se contaron los votos y Carme Forcadell proclamó que la resolución había sido aprobada (70 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones), y cómo, para finalizar, unos emocionados políticos se abrazaban entre sí y remataban el acto cantando Els Segadors. Nada más acabar la votación, todos los medios difundían a España y al mundo la noticia: se había declarado la indepenencia, se había proclamado la República Catalana. Durante este fin de semana, hemos tenido ocasión de escuchar incontables voces que nos confirmaban –unas con alegría, otras desoladas– que, en efecto, lo que los independentistas llevaban tanto tiempo amenazando con hacer por fin lo habían hecho. Conviene recordar que hubo muchos que pensaron que el pasado día 10 ya se había producido la Declaración. Incluso así lo pensó el Gobierno de Rajoy aunque sin estar seguro del todo y por eso, con el requerimiento que exige el artículo 155, preguntó a Puigdemont si la DUI había sido o no (ya comenté en el post de hace una semana que me pareció una chapuza patética). En fin, para mí está claro que hace veinte días no hubo DUI, pero el viernes pasado, tras el suspense negociador que nos tenía a todos en ascuas, llegó la tan temida declaración, el apocalipsis ya estaba aquí. ¿O no?



Vaya por delante que yo creí que sí, supongo que como caaaaaaaasi todos. Pero hoy leo un interesante artículo en lainformación.com que viene a sostener que no, que tampoco el pasado viernes se produjo la catastrófica (u orgásmica) Declaración de Independencia. La argumentación es bastante convincente: ninguna de las dos propuestas que se sometieron a votación contenía en su texto declaración alguna de independencia. La primera propuesta (la que se votó al final en secreto) se limitaba a instar al Govern a que adoptase “todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República”, mencionando algunas medidas en particular. Puede decirse que esas medidas no serían coherentes si no está declarada la independencia (y la República catalana), pero lo cierto es que en la propuesta que se votó no se produce expresamente tal declaración (y, a estas alturas, sacar conclusiones basándose en que el comportamiento de los parlamentarios catalanes es coherente me parece excesivamente arriesgado). La segunda propuesta (la que se votó primero mediante el sistema electrónico habitual) sí es una declaración, pero no de la independencia ni de la República, sino del proceso constituyente. Del mismo modo podría sostenerse que el proceso constituyente se inicia una vez declarada la independencia, pero lo cierto es que mientras éste si lo declaran, aquélla no.

¿En ninguna de esas dos propuestas que fueron votadas el pasado viernes se habla de la declaración de Independencia o de la República Catalana? En realidad sí, en la primera. Previamente al texto que constituye la “propuesta de resolución” aparece una “Declaración de los Representantes de Cataluña” que no es sino el texto que firmaron fuera del hemiciclo los parlamentarios de Junts pel Sí y de la CUP el 10 de octubre, al que añaden la siguiente frase: “Asumimos el mandato del pueblo de Cataluña expresado en el Referéndum de Autodeterminación del 1 de octubre y declaramos que Cataluña se convierte en un Estado independiente en forma de República”. Es una declaración en toda regla, desde luego, pero está en la parte del texto que fue objeto de votación, sino en el preámbulo a la propuesta de resolución que, como aclaró la propia Presidenta, no se vota. De hecho, la declaración de independencia estaba fuera de la propuesta de resolución (a diferencia de la declaración de iniciar el proceso constituyente que sí está dentro de la segunda propuesta) precisamente para que no fuera objeto de votación, tal como confirmaron el mismo día 27 fuentes de Junts per Sí a ara.cat. Es decir, se pretendía dar la impresión de que los parlamentarios votaban y aprobaban la independencia sin que en realidad lo hicieron. Un truco de trileros, como se sostiene en el artículo que cito, pero bien pensado y bien ejecutado ya que no cabe duda de que ha conseguido su propósito. Ya veremos cómo en pocos días, cuando les toque defenderse, los imputados por rebelión, sedición y malversación sostendrán que nunca votaron la independencia; el mismo argumento que estoy seguro que se presentará ante el Tribunal Constitucional para cuestionar el 155 ya que el Gobierno lo basa en la previa declaración de independencia que tampoco fue.

Desde luego, que las autoridades catalanas (tanto del ejecutivo como del legislativo) llevan ya mucho tiempo infringiendo la Constitución es evidente y así lo deja claro el escrito del Fiscal a lo largo de más de cien páginas. Pero aún así, sigo pensando que los poderes del Estado no han sido lo suficientemente sagaces para evitar caer en las trampas de trilero que les han tendido. Y, la verdad, sería lamentable que algún Tribunal pusiese de manifiesto las carencias jurídicas de quienes se erigen en los defensores del Estado de Derecho. Porque los independentistas pueden saltarse las leyes (a eso juegan desde el principio), pero el Gobierno de la Nación, no. En fin, en todo caso, nadie puede negar que la películas está francamente interesante; un estupendo guión, sí señor.